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El Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío entregó su versión respecto al paro de trabajadores anunciado para este miércoles, debido a una serie de irregularidades que denuncian y que acusan directamente a la seremi de Justicia, Claudia Soto, quien preside este órgano colegiado.
La protesta convocada por la Asociación de Funcionarios (AFUN) CAJ Biobío se realiza durante la jornada de este miércoles y tiene el fin manifestar el descontento de los trabajadores con la administración actual del Consejo Directivo.
A través de una declaración pública enviada a diario La Tribuna, la Presidencia del Consejo Directivo de la CAJ Biobío expresó, en primer lugar, su preocupación por la pérdida de un día de trabajo para la atención de usuarios.
"Ante el paro de advertencia de 24 horas convocado por la Asociación de funcionarios de la CAJ Biobío, manifestamos nuestra preocupación por la afectación que éste pudiera causar a los usuarios y usuarias de esta institución", parte el comunicado.
Respecto de la denuncia sobre "ingreso de operadores políticos a cargos en la CAJ" dicha a diario La Tribuna por el presidente de la asociación de funcionarios de esta entidad, Marcelo Inostroza, la institución indicó que "negamos tajantemente esta afirmación. Los funcionarios y funcionarias que han ingresado a desempeñar sus labores de manera transitoria en la institución lo han hecho obedeciendo a un perfil técnico y profesional, y en ningún caso siguiendo criterios políticos".
En relación con lo ocurrido en juicios laborales, y la denuncia respecto a que abogados de la Corporación no se presentaron ante tribunales, cabe mencionar que "desde la Presidencia de Consejo se requirió a la dirección general la instrucción de sumario, lo anterior con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas que sean procedentes. Actualmente, el sumario administrativo se encuentra en curso", indica el escrito.
Respecto a la designación de director general, según los estatutos de la Corporación, el órgano colegiado afirma que "el cargo es de exclusiva confianza del Honorable Consejo Directivo". Ante esta situación, "es a esta entidad a quien le corresponde su nombramiento. Con el objetivo de dar garantías de un proceso de selección adecuado y transparente, es que el Consejo resolvió llamar a un concurso público, debiendo, por tanto, elaborar las bases del concurso. Estas fueron aprobadas en la última sesión de este órgano colegiado y serán publicadas en este mes".
Referente a las contrataciones y cargos vacantes, "en los últimos años la dotación de funcionarios de la institución ha aumentado un 40%, lo que se traduce en que actualmente contamos con más de 1.000 funcionarios y funcionarias". Sobre este mismo punto, "actualmente hay 90 cargos vacantes, lo que da cuenta de una cifra menor al 10%", precisan.
Para abordar este asunto, en diálogo con la misma asociación de funcionarios, "se optó por priorizar llamados a concursos de carácter interno, a fin de promover la carrera funcionaria. Es por ello que, en el mes de noviembre, se requirió al director general disponer las medidas administrativas que sean procedentes para disponer los llamados a concurso de 53 cargos, entre los que se encuentran abogados jefes, abogados auxiliares, trabajadores sociales y personal administrativo".
Debido a las discrepancias entre la asociación de funcionarios y el consejo directivo, éste realizó un llamado a organizar una mesa de trabajo para resolver los asuntos internos.
"Enfatizamos que siempre hemos estado disponibles a trabajar con las asociaciones de funcionarios de la institución. Prueba de ello, es que el 20 de diciembre ambas asociaciones fueron invitadas a exponer a la sesión del Honorable Consejo Directivo, para promover el dialogo con los consejeros y consejeras".
Por eso "informamos que, con el objetivo de mantener un diálogo, franco y abierto, hemos invitado a la AFUN CAJ a constituir una mesa de trabajo tripartita para abordar estos temas", cierra el comunicado.
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