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Desde el retorno a clases presenciales, en distintos establecimientos educacionales de la provincia de Biobío se han reportado hechos de violencia que afectan no solo a estudiantes, sino que también a docentes y a asistentes de la educación. De hecho, según datos entregados por la Superintendencia del ramo, a nivel nacional los casos de ese tipo se incrementaron en un 30%.
Por eso es que la semana pasada, la jefa del Departamento Provincial de Educación, Rossemarie Sánchez Ferrera, detalló a Radio San Cristóbal los avances y actualizaciones de la nueva Política de Convivencia Educativa 2024-2030, que busca que los establecimientos aborden de diferentes maneras la violencia escolar.
Bajo ese mismo contexto, en la comunidad educativa de Quilleco, conforme a una publicación hecha por la municipalidad y el Departamento de Educación (DAEM), se reportaron actos violentos que afectaron a docentes y asistentes de la educación.
Aunque no se entregaron detalles de lo ocurrido, el alcalde Rodrigo Tapia y el director del Departamento de Educación Municipal, Carlos Mellado, suscribieron un comunicado en que condenaron los hechos y anunciaron acciones legales en contra de los responsables.
En la declaración, hicieron ver que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de la sociedad, por lo tanto que quienes imparten estos conocimientos "merecen el más alto de los respetos y consideración".
Tapia y Mellado condenaron la violencia debido a que esta no sólo afecta a los docentes y asistentes de la educación que han vivido estos actos, sino también genera un deterioro en la calidad ambiental y desarrollo integral del alumnado, además de perjudicar la calidad de vida y salud mental de las personas.
La legislación vigente ampara los derechos de los trabajadores de la educación, y cualquier acto de violencia contra ellos constituye una grave infracción que no debe ser tolerada. "Además, los principios éticos y morales nos obligan a cuidar de quienes dedican su vida a formar a las futuras generaciones".
A raíz de los comentarios agresivos que los padres, apoderados o estudiantes realizan en contra de docentes y asistentes de la educación a través de las redes y plataformas sociales, las autoridades detallaron que la violencia en el entorno educativo mina la confianza y el respeto necesarios para un aprendizaje efectivo y una convivencia sana. "No toleraremos actos vejatorios, degradantes, maltratos verbales y físicos, ni aquellos que se efectúen a través de redes sociales o medios de difusión masiva entre los integrantes de nuestras comunidades educativas".
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