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Bajo el nombre de "Reparación de víctimas: Una prioridad necesaria en las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento", el documento analiza la labor de las comisiones presidenciales que han abordado el conflicto, que a lo largo de los años omitieron la reparación de las víctimas de una problemática presente desde finales de los años 90 y agudizada durante la primera década del 2000.
El estudio destaca que el reconocimiento formal de la necesidad de reparar a las víctimas se produjo recién en 2016, cuando la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía incluyó por primera vez propuestas de apoyo psicosocial y económico.
Posteriormente, en 2018, se implementó el primer programa de atención a víctimas de violencia rural, el cual ofrece subsidios y asistencia a través de distintas instituciones. Sin embargo, este programa ha demostrado ser insuficiente, ya que carece de un enfoque estructural y depende de la voluntad política de cada gobierno.
Jorge Cordero, cientista político y profesor investigador de Faro UDD, explica los planteamientos del boletín y enfatiza que el Estado ha sido insuficiente en su respuesta hacia las víctimas.
En su análisis, Cordero indica que el actual programa de atención a víctimas de violencia rural, vigente desde 2018, presenta grandes limitaciones. "Depende a grandes rasgos de la voluntad política de turno cuántos recursos se le destinan, lo que genera incertidumbre para las víctimas y problemas de coordinación y rendición de cuentas", explica.
Además, subraya que las compensaciones económicas son insuficientes frente a la magnitud de los daños sufridos, lo que ha generado un malestar constante entre los afectados.
Uno de los puntos más críticos mencionados por el investigador es la falta de atención psicosocial. "Las víctimas de la violencia sufren traumas severos, y la ausencia de un respaldo adecuado genera un malestar permanente", afirma. Según Cordero, muchos testimonios reportan que el apoyo psicológico prometido por el programa no ha sido entregado de manera efectiva.
Para avanzar en la solución de este problema, el cientista político enfatiza la importancia de impulsar un proyecto de ley que garantice un sistema de reparación integral.
Asimismo, considera clave la implementación de un registro de víctimas que categorice según el tipo de afectación y garantice transparencia en el acceso a beneficios.
En términos de reparación material, Cordero señala que las medidas deben incluir indemnizaciones monetarias, programas de reconstrucción de viviendas, acceso prioritario a créditos preferenciales y subsidios para la reactivación económica.
Finalmente, el experto subraya la necesidad de garantizar que la violencia no se repita. "El Estado debe comprometerse a fortalecer la seguridad en las zonas de alto riesgo y establecer protocolos específicos para la protección de las víctimas", declara.
El estudio sostiene que cualquier proyecto de ley sobre reparación debe garantizar estabilidad, claridad y apoyo real a las víctimas. Para ello debe contar con los siguientes pilares:
Fuente: Faro UDD.
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