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En conjunto, estos factores configuran un escenario que obliga a repensar las actuales políticas públicas y los modelos de atención, especialmente en áreas como salud, vivienda, infraestructura y participación social.
Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total censada en la región fue de 1.613.059 personas, distribuidas en las 33 comunas del Biobío. El proceso contó con la participación de 2.288 censistas y 366 coordinadores de grupo, quienes operaron desde 67 locales censales. En cuanto a la estructura por edad, el 14,7% de los habitantes tiene hoy 65 años o más, lo que representa un crecimiento considerable si se compara con el Censo de 1992, cuando ese segmento alcanzaba el 5,8%.
Otro dato relevante es la tasa de envejecimiento, que pasó de 58,1% en 2017 a 84,1% en 2024. Este indicador —que mide la relación entre personas mayores de 65 años y menores de 15 años— refleja una pirámide poblacional invertida y refuerza la necesidad de políticas que respondan a una sociedad donde los adultos mayores tienen un peso creciente.
En paralelo, se censaron 579.170 hogares y un total de 660.778 viviendas, arrojando un promedio de 2,8 personas por hogar. Esta cifra confirma la tendencia hacia núcleos familiares más pequeños y la prevalencia de hogares unipersonales, muchos de ellos compuestos por adultos mayores.
Frente a este panorama, distintos actores del ámbito académico han comenzado a discutir las implicancias de estos datos y a plantear posibles soluciones. Desde universidades y centros de estudio, se insiste en que el diseño de políticas públicas debe adaptarse con urgencia a esta nueva realidad demográfica.
Las propuestas apuntan a una intervención multisectorial que abarque desde la modernización de la infraestructura urbana y rural, hasta la actualización de los programas de acompañamiento y la alfabetización digital de los adultos mayores.
Uno de los primeros puntos en los que coinciden los especialistas es la necesidad de mejorar las condiciones del entorno urbano y rural para garantizar una vida digna y segura a las personas mayores. Andrés Ulloa, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, sostuvo que los municipios y organizaciones sociales deben jugar un rol protagónico en este proceso.
Para el académico, la transformación debe ir más allá de los centros urbanos. "Para generar una ciudad más respetuosa y amigable con los adultos mayores se debe mejorar la infraestructura en calles, veredas, edificios, reducir la contaminación y el tráfico. Estas mejoras no solo se deben implementar en las ciudades, sino también en los sectores rurales. Debe ser una comuna inteligente, pensada en los adultos mayores", agregó.
Otra arista clave en la construcción de una sociedad inclusiva es el acceso a la tecnología y la participación activa de los adultos mayores. La doctora Carla Contreras, académica de la Escuela de Fonoaudiología de la USS, subrayó que la preparación frente a este cambio demográfico debe ser integral y proactiva.
Para Contreras, uno de los principales desafíos es combatir el aislamiento social y el deterioro cognitivo mediante la alfabetización digital. "Se les debe enseñar a utilizar las herramientas tecnológicas. Esto les ayudará a disminuir el deterioro cognitivo y el aislamiento. Integrarlos puede reducir estas problemáticas, así como también prevenir la depresión".
Además, cuestionó la vigencia de los actuales programas recreativos y comunitarios destinados a este grupo etario.
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