Hasta la comisión de Agricultura de la Cámara Baja concurrieron representantes de organizaciones de regantes y del turismo de las Regiones del Biobío y de Ñuble, a raíz de la pugna que los enfrenta con la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, por el uso de las aguas del río Laja.
El problema específico está radicado en una determinación de la Dirección General de Aguas (DGA) del 30 de agosto pasado, en la cual se autorizó el aumento de caudal que puede administrar la referida Asociación canal Zañartu. De esta manera, de los 22,6 metros cúbicos por segundo actuales que podría extraer desde el río Laja, ahora pasa a 33,0 m3/s, lo que representa un incremento de un 46% del volumen de agua.
Los denunciantes aseguran que tal determinación es ilegal y exigen que se deje sin efecto la resolución que permite sacar mayores volúmenes de agua desde el curso fluvial.
La controversia se inició hace varios años y suma un nuevo capítulo con la presentación en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas en que se expuso la situación y se acordó citar al Congreso a las autoridades para que explicaran las razones de tal determinación de la DGA.
La decisión del organismos público contrasta con su decisión de septiembre de 2021 cuando aplicó una multa de más de 26 millones de pesos a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu por efectuar extracciones no autorizadas de aguas desde el río Laja.
La sanción, que es la máxima establecida en el artículo 173 N° 6 del Código de Aguas, incluso obligó a remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar el eventual delito de usurpación del recurso hídrico.
Sin embargo, la aplicación de dicha multa fue consecuencia de una denuncia presentada en mayo de 2019 por la empresa eléctrica Colbún en contra del Canal Zaartu, que incluso llegó a la Corte Suprema, y a la cual se sumaron otras organizaciones de regantes o empresarios turísticos.
La preocupación es que la mayor extracción de aguas desde el río Laja (canal Zañartu es el primer que aduce el recurso de dicho afluente) puede mermar su disponibilidad para todos los usuarios aguas abajo, afectando la generación eléctrica, la disponibilidad para regadío y el turismo.
En la sesión en el Congreso, participaron representantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y de la Asociación de Canalistas del Laja (ACL), quienes indicaron que "existe una resolución ilegal de la DGA, que depende del Ministerio de Obras Públicas, y que afecta gravemente a usuarios del Río Laja y de la obra de riego fiscal Laja-Diguillín, ubicadas en las regiones del Biobío y Ñuble".
El representante del Canal Laja Diguillín, Francisco Saldías, denunció que la DGA, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2021, ratificada por la Corte Suprema, fijó la cantidad de agua que podía extraer el Canal Zañartu, estableciéndola en 22,6 m3/s. Sin embargo, sin mediar ninguna nueva resolución o acto judicial alguno, y estando pendiente un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, "la DGA modificó unilateralmente lo ya resuelto".
Por su parte, el abogado asesor de la Asociación de Canalistas del Laja, Carlos Ciappa, expresó que "esto es ilegal porque infringe un texto legal expreso y habrá que ejercer las acciones que correspondan. Además, están en evaluación las acciones penales respecto de esta situación, que representa un desacato manifiesto y abierto a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción. Todo ello, en la perspectiva de evitar el daño que esta resolución provocará a los demás regantes del río Laja, que corresponden a otras 15 organizaciones de regantes y canales individuales".
También participó de esta sesión el representante de la Cámara de Comercio de los Saltos del Laja, José Sanzana, quien manifestó la preocupación por la afectación que sufrirá el destino turístico si se materializa la mayor extracción de aguas por parte de la asociación Canal Zañartu.
En el mismo sentido, se manifestaron los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara, quienes luego de escuchar a los dirigentes resolvieron citar a las autoridades de la DGA para "explicar cuáles son los fundamentos de esta resolución, emitida en forma totalmente arbitraria y, además, como mencionaba el abogado, en forma totalmente ilegal", indicó la diputada Marta Bravo.
A la sesión estuvieron los diputados Juan Antonio Coloma, Félix Bugueño, Marta Bravo, Harry Jürguensen, Paula Labra, Carolina Marzán, Benjamín Moreno, Gloria Naveillán, Emilia Nuyado, Jorge Rathgeb y Consuelo Veloso.