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El Sernac, junto al seremi de Economía, seremi de Salud y al Sernatur, fiscalizará durante febrero a diversos restaurantes que prestan servicios en las comunas de la Región del Biobío, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, en materias de seguridad alimentaria y la Ley de Turismo.
Se trata de una fiscalización integrada multitarea entre el Sernac, Seremi de Economía, Seremi de Salud y el Sernatur, e implica que cada organismo, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a este tipo de empresas de servicios.
En el caso del Sernac, el objetivo será verificar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información veraz y oportuna, derecho a la libre elección y precios, entre otros antecedentes. En el caso de Seremi de Salud se fiscalizará el reglamento sanitario de los alimentos y en el caso del Sernatur, revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, con su información actualizada, entre otras materias.
El seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, indicó que "son muy importantes estas labores de fiscalización, pues permiten verificar que las empresas en la Región del Biobío cumplan con los estándares de calidad de servicio y respeten la normativa, lo que genera más confianza en la ciudadanía a la hora de elegir nuestra región como destino turístico para estas vacaciones, generando fuentes de empleo y bienestar para los ciudadanos que se dedican a esta importante labor".
Por su parte, la directora regional del Sernac del Biobío, Angélica Solar Lizama, explicó que, mediante el despliegue de la facultad de fiscalización, el Sernac cumple con su compromiso de tener mayor cobertura e impacto territorial, abarcando nuevas comunas, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de los consumidores, lo cual resulta relevante considerando que esta región atrae a muchos visitantes, especialmente en la época estival.
En caso de detectar infracciones tras la fiscalización, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
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