La Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Biobío divulgó las cifras sobre las fiscalizaciones y multas aplicadas por infracciones al Código de Agua, que revelan un fuerte incremento en sus resultados en la comparación de lo realizado entre los años 2022 y 2023.
Los antecedentes están muy por sobre los datos a nivel nacional que fueron entregados por la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, donde se destaca el incremento en el monto total de las multas cursadas a nivel nacional por contravenciones al Código de Aguas, las cuales representan un aumento del 64% en comparación al 2022, y un aumento del 40% en la cantidad de procesos de fiscalización tramitados en dicho periodo.
A nivel regional, la Unidad de Fiscalización, Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA regional tramitó 153 expedientes de fiscalización en 2023, a partir de denuncias de la comunidad e inspecciones de oficio levantadas por la propia dirección Regional. Esa cifra, en comparación con los 86 procesos tramitados en el año 2022, representa un incremento del 178%.
El aumento en las fiscalizaciones resueltas, se refleja en la cantidad de multas cursadas, las cuales respecto de 2022 aumentan en un 243%, como también en el total de multas impartidas. Respecto de esto último, de los 86 procesos sancionatorios tramitados en el año 2022, se recaudaron 692 UTM (cerca de 44 millones y medio de pesos).
En los 153 procesos sancionatorios tramitados en 2023, se recaudó un total de 6.587 UTM a beneficio fiscal (más de 423 millones de pesos), lo que significa un aumento del 952% del monto total de las multas impartidas por la DGA en el periodo anterior.
El director regional de Aguas (s) de la Región del Biobío, Matías Mendoza Lama, explicó que el dar conocer estas cifras "no es hacer énfasis en el aumento de las multas impartidas en el pasado periodo, sino dar a conocer que a través de las recientes reformas realizadas al Código de Aguas, la Dirección General Aguas Región del Biobío ha mejorado la eficiencia de los procedimientos de fiscalización, desarrollando con mayor fuerza su labor de policía y vigilancia en el territorio regional".
Mendoza detalló que "las infracciones más comunes incluyen principalmente modificaciones no autorizadas de cauces, extracciones de agua sin autorización, y el incumplimiento a la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo y transmisión de extracciones efectivas".
El personero regional explicó que "las denuncias se reciben en la Dirección General de Aguas (DGA) a través de un 'Formulario de Ingreso de Requerimiento de Fiscalización' para denuncias y autodenuncias. Este formulario está disponible para descarga en la página web de la DGA o puede ser solicitado directamente en nuestras oficinas".
Dichas denuncias pueden presentarse de manera presencial en la oficina Regional o Provincial Biobío, ubicada en la ciudad de Los Ángeles, o a través de la Oficina de Partes Virtual DGA, accesible desde nuestra página web institucional o directamente en el siguiente enlace: https://recepciondocumental.mop.gob.cl/."
Multas
"La Dirección General de Aguas impone multas a los infractores en beneficio fiscal, según lo establecido en los artículos 173 y 173 ter del Código de Aguas. Estas multas se clasifican en grados, dependiendo del tipo de infracción, y van desde el primero hasta el quinto grado. Las multas de primer grado varían de 10 a 50 UTM, segundo grado de 51 a 100 UTM, tercer grado de 101 a 500 UTM, cuarto grado de 501 a 1000 UTM, y quinto grado de 1001 a 2000 UTM. Las infracciones que no cuentan con una sanción específica se sancionan con multas que pueden oscilar entre el primer y tercer grado. Es importante mencionar que estas multas pueden incrementarse entre un 50% y un 100% dependiendo del nivel de afectación en la disponibilidad de agua; si afectan zonas declaradas en restricción o prohibición, cauces o acuíferos considerados agotados, entre otras situaciones".