Aunque desde 2019 existe la Ley N° 21.172, conocida como "Chao Cables", que regula el tendido y desinstalación de estos cables cuando ya no se utilizan, su implementación ha sido insuficiente.
A pesar de haberse promulgado hace cuatro años, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aún no ha finalizado el reglamento necesario para poner en práctica esta ley, lo que según expertos en el área, sería de gran ayuda para modernizar la infraestructura de transmisión eléctrica.
La situación es preocupante, ya que las denuncias por cables colgantes han aumentado desde las intensas lluvias y vientos registrados en los últimos días, sumado a la ineficaz respuesta de las empresas eléctricas ante los temporales.
Según datos, entre 2019 y 2023 se recibieron más de mil reclamos a nivel nacional por este tema. Además, entre 2016 y 2022 se retiraron un poco más de 1.500 kilómetros de cables de la vía pública.
Sin embargo, autoridades y municipios reflotaron el debate e insisten en que la Subtel trabaje en la implementación del reglamento. Incluso algunas municipalidades han asumido la tarea de retirar los cables, aunque la falta de recursos limita sus resultados. Solo algunas compañías han realizado retiros parciales a solicitud.
¿Qué dice la ley?
La ley "Chao Cables" estipula que las empresas que instalen cables, ya sea aéreos o subterráneos, tienen un plazo máximo de cinco meses para ordenarlos o retirarlos una vez que sean considerados desechos.
En caso de que la empresa no cumpla con el retiro en el plazo establecido, los municipios pueden proceder a retirar los cables a costa de la empresa responsable.
No obstante, la falta de fiscalización efectiva y la ausencia de sanciones reales por parte de Subtel no ha contribuido al cumplimiento cabal de esta normativa. Expertos concuerdan en que el sector de telecomunicaciones, al ser el único en Chile que no cuenta con una superintendencia, limita la capacidad de supervisión, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE para establecer una entidad con mayores recursos fiscalizadores.
La necesidad de una acción más decidida es clara, dado el creciente riesgo que representa esta "chatarra aérea" para la seguridad pública y el or