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Un año de la implementación: Ley de Insolvencia impacta significativamente en las renegociaciones de deudas

por María Paz Rivera Arévalo

Economía Chile. / Diario La Tribuna

Este 11 de agosto se cumple un año desde que la Ley N° 21.563 entró en vigor, ofreciendo procedimientos simplificados que han ampliado las oportunidades para que personas y micro y pequeñas empresas que enfrentan problemas de sobreendeudamiento, puedan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores.

Al evaluar los resultados de este aniversario, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, comentó que

"hoy podemos afirmar con orgullo que Chile cuenta con una legislación en materia de insolvencia mucho más moderna, expedita y accesible para los ciudadanos".

De igual manera destacó, como ejemplo, el incremento significativo en las renegociaciones de deudas, un proceso que ahora es accesible de manera gratuita para más personas, ya que se incluyen a deudores que emiten boletas de honorarios.

Antes de la reforma, estos contribuyentes solo podían optar mayormente por la liquidación de bienes para saldar sus obligaciones financieras.

Entre agosto de 2023 y julio de 2024 se han solicitado 1.527 renegociaciones, de las cuales el 66% (1.014 casos) corresponden a deudores que emiten boletas de honorarios, lo que evidencia el impacto positivo de la nueva normativa en este aspecto.

Reorganización simplificada para MIPEs

Otro de los objetivos de la nueva normativa fue facilitar el acceso de las MIPEs a una reorganización simplificada en casos de insolvencia. La autoridad resaltó que este proceso es

"más flexible, menos burocrático y más económico en su acceso, gracias a la intervención de veedores especializados, cuyo cobro promedio de administración del proceso se ha reducido significativamente, pasando de 400 UF a solo 100 UF promedio. Esto permite que más empresas tengan una segunda oportunidad, preservando empleos y manteniendo la continuidad de la cadena productiva". 

Liquidación simplificada para MIPEs y personas

Y para aquellas empresas de menor tamaño y personas, que no estén en capacidad financiera para proponer a sus acreedores una propuesta de reorganización de sus deudas, la nueva ley también dispuso de un nuevo procedimiento, la liquidación simplificada, que eliminando al máximo la burocracia, ha permitido que el procedimiento reduzca su tiempo de tramitación de más de dos años a cuatro meses en promedio, lo que permite a las empresas deudoras y personas volver a insertarse en la economía y poder acceder a productos financieros.

A pesar de los logros alcanzados, el Superintendente Hugo Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, especialmente en el ámbito de la educación financiera.

"Existe aún un bajo conocimiento del texto legal, lo que dificulta el acceso oportuno a estos procedimientos. Por ello, estamos trabajando en un proyecto de co-creación junto a gremios de MIPEs, universidades y otras instituciones públicas para mejorar la difusión de la ley". 

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