Las inundaciones del 2006 en la provincia de Biobío, que dejaron una decena de víctimas fatales y enormes daños materiales en viviendas, carreteras e infraestructura productiva, dieron pie a los anuncios de las autoridades de la época para que esa situación no se volviera a repetir.
Es que por la magnitud de los daños, se trató de una de las peores tragedias ocasionadas los desbordes de los cursos de agua, especialmente del Biobío cuyo epicentro de la tragedia se ubicó en el sector rural de La Suerte, al poniente de la ciudad de Los Ángeles. También la capital provincial se vio duramente afectada, en particular, su radio céntrico, debido al desborde del estero Quilque, que ocasionó pérdidas productivas por varios millones de dólares. Las imágenes de un bote a remos navegando en las calles de Colón con Colo Colo o del mall Plaza completamente anegado se quedaron en nuestra memoria colectiva.
Además de las fallas de comunicaciones para advertir de las crecidas de los ríos por las lluvias inusualmente para las comunidades vecinas a los cursos fluviales, lo ocurrido planteó la urgencia de activar planes de ordenamiento territorial para la definición de los lugares donde sea posible la instalación de grupos humanos, a fin de evitar el poblamiento en áreas de riesgo, como la cuenca de los ríos.
Además, se anunció la realización de estudios e inversiones para canalizar o conducir el caudal de algunos cursos de agua, de manera de morigerar sus impactos en los habitantes de los sectores ribereños.
En el caso del sector La Suerte, al año siguiente se echaron a andar los sistemas de sirenas que se activarían cada vez que el caudal del Biobío pudiera convertirse en un riesgo para los residentes de las zonas cercanas.
Sin embargo, ese ímpetu inicial por querer avanzar en una adecuada planificación territorial qué restrinja o impida la ocupación de zonas afectas a crecidas y las inversiones
Recién a fines de este 2023 - 17 años después que se tomó la decisión de tomar acciones para evitar nuevas desgracias - se iniciarán las obras para que construir un embalse de regulación en el sector poniente de la ciudad de Los Angeles, a fin de evitar daños de envergaduras por las crecidas del estero Quilque.
De aquellas inundaciones del 2006, este 11 de julio de rememorarán 17 años. Sin embargo, el 24 pasado de junio, nuevamente se sintió la fuerza de la naturaleza. Debido a la particularidad del sistema frontal, cuyas altas temperaturas provocaron lluvias que derritieron la nieve acumulada en la cordillera, los ríos de origen cordillerano tuvieron inusuales crecidas de volumen.
Los desbordes de los ríos Laja, Duqueco, Huequecura y Biobío volvieron a ocasionar enormes daños materiales en viviendas, carreteras e infraestructura productiva. Lo único positivo es que no hubo víctimas fatales, aunque la cantidad de damnificadas debe superar el millar de personas. Comunas como Alto Biobío, Cabrero, Laja, Los Angeles, Yumbel, Tucapel, San Rosendo y Quilleco fueron afectadas por la violencia de la crecida de los ríos que atraviesan nuestra provincia de Biobío.
La experiencia última, que aún no es cuantificada en toda su magnitud, debe redoblar los esfuerzos a nivel de los organismos del Estado para que ahora sí se tomen las medidas que eviten el poblamiento en zonas de riesgo y, en los lugares donde ya hay ocupamiento, todas acciones que contengan un daño mayor. No se puede esperar un nuevo episodio así de grave para comenzar a hacer lo que se debió haber completado hace más de 15 años. Una lección que no debiera aprenderse por la fuerza.