Internet como servicio público

La reciente aprobación del proyecto de ley que establece el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones marca un hito para nuestro país, especialmente para las comunidades rurales y apartadas como las de la provincia de Biobío. Esta legislación no solo responde a una promesa hecha por el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, sino que también representa un paso significativo hacia la igualdad digital en el país.

En la provincia de Biobío, muchas localidades enfrentan una realidad donde el acceso a Internet es limitado o inexistente. Esta situación genera una brecha significativa en términos de oportunidades educativas, laborales y sociales. La falta de conectividad relega a estos ciudadanos a una posición de desventaja, impidiendo su participación plena en la sociedad moderna, situación que quedó en evidencia durante la pandemia. La implementación de este proyecto de ley promete cambiar esta realidad, brindando a todos los habitantes un acceso equitativo a una herramienta esencial en el mundo actual.

El proyecto otorga mayores atribuciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en términos de fiscalización, y establece un mecanismo de subsidio a la demanda similar al que ya existe para servicios básicos como la electricidad y el agua potable. Esto permitirá a las familias más vulnerables recibir apoyo financiero para pagar sus cuentas de Internet, asegurando que la conectividad no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.

La iniciativa es parte del Plan Brecha Digital Cero 2022-2025, cuyo objetivo es garantizar que todos los chilenos tengan acceso a Internet, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica. Definir el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones es un reconocimiento del papel crucial que desempeña en nuestras vidas diarias, desde la comunicación y la educación hasta el trabajo y el acceso a servicios gubernamentales.

Para las empresas de telecomunicaciones, esto significa una mayor responsabilidad en términos de cobertura. Ya no podrán limitar sus servicios a sectores selectos dentro de una comuna; deberán asegurarse de que toda la comunidad tenga acceso a sus redes. Esto es particularmente relevante para comunas rurales y apartadas donde la infraestructura de telecomunicaciones ha sido históricamente deficiente.

La facultad presidencial de disponer anualmente un subsidio para el pago de servicios de Internet a los usuarios más vulnerables, financiado por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), es otro aspecto clave de este proyecto. Esto asegurará que los recursos se destinen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, según lo determinado por el Registro Social de Hogares u otros instrumentos adecuados.

Sin embargo, para que esta ley sea verdaderamente efectiva, es crucial que se dicten los reglamentos necesarios que permitan su aplicación práctica. La implementación debe ser rápida y eficiente, garantizando que las promesas hechas no se queden solo en el papel, sino que se traduzcan en mejoras tangibles para las comunidades más necesitadas.

En conclusión, la aprobación de este proyecto de ley es un paso monumental hacia la justicia digital y la equidad en Chile. Para las localidades rurales y apartadas de la provincia de Biobío, representa una oportunidad para superar las barreras que han limitado su desarrollo y participación en la sociedad. La conectividad a Internet ya no será un lujo, sino un derecho fundamental que permitirá a todos los chilenos, sin importar donde vivan, acceder a las oportunidades del siglo XXI.