Acción integral contra incendios forestales

La semana recién pasada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), presentó oficialmente el Plan Regional de Acción, Prevención y Mitigación de Incendios Forestales 2024-2025 para Biobío.

Durante el anuncio oficial, realizado en el Aeropuerto Carriel Sur, se destacó el aumento del presupuesto estatal orientado a esta tarea, que supera los 156 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 21 mil millones están destinados a la región del Biobío. Nuestra zona contará con 11 aeronaves de distintas características, junto a vehículos especializados y equipamiento tecnológico de Conaf.

En la ocasión, el presidente de Corma Biobío-Ñuble, Alejandro Casagrande, destacó la importancia de la alianza público-privada y detalló que, durante la temporada de incendios, las empresas del sector aportarán 22 aeronaves y 1.600 brigadistas.

Es indudable que la coordinación entre el sector público y las empresas privadas es una de las principales lecciones -y avances- que el país ha alcanzado en el combate de este verdadero flagelo para territorios como el nuestro.

En la misma línea, y junto con valorar el aumento de los recursos y la disposición que han mostrado los distintos actores involucrados en esta materia, es importante recalcar nuevamente la importancia de complementar estos esfuerzos con una adecuada legislación que aborde de manera integral el fenómeno.

Lo anterior, a propósito de la reciente aprobación en general de la iniciativa que regula la prevención de incendios forestales, que cuenta con plazo hasta el 28 de octubre para que se presenten mejoras al texto legal y los integrantes de la Comisión de Agricultura retomen el estudio de la propuesta, ahora en particular.

Tal como lo han planteado gremios del sector, se necesita una ley que persiga con especial intensidad la intencionalidad que da origen a un altísimo porcentaje de estos siniestros, ya que el proyecto se enfoca solo en la responsabilidad de los propietarios agrícolas y forestales en la gestión de los factores de riesgo, pero no en reforzar las herramientas orientadas a la persecución de quienes -de forma planificada y consciente- buscan causar daño a través del inicio de focos de fuego.

También es importante que la normativa ponga énfasis en la recuperación productiva de las zonas afectadas, considerando el feroz impacto de los incendios en la fuente laboral de miles de familias, así como un aumento de la protección de los brigadistas que muchas veces se exponen a grandes riesgos durante el combate de los emergencias.

Nuestro país -y especialmente una región forestal como Biobío- requiere de avanzar de forma integral en hacer frente a una problemática que tanto daño ha causado en el último tiempo al desarrollo económico y social del sur de Chile.