Recuperar espacios para la comunidad

En 1969, se echó a andar el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Los Ángeles en la avenida Vicuña Mackenna para atender a la creciente población carcelaria de la ciudad y la provincia de Biobío. El terremoto ocurrido en 1939 había dañado la estructura situada en el extremo poniente de la avenida Ricardo Vicuña, y se levantó un nuevo recinto en lo que en esos años eran los extramuros de la ciudad.

La cárcel funcionó con normalidad hasta que el devastador terremoto del 27 de febrero de 2010 ocasionó daños irreparables, obligando al traslado de los reclusos a otros recintos en la región. Aunque el anexo femenino no fue afectado por el movimiento telúrico, en el último tiempo las internas fueron reubicadas en otros centros penitenciarios. Es decir, su función original no se está cumpliendo.

Sin embargo, aunque ya pasaron más de 14 años del gran terremoto, al circular por el lugar se pueden observar los daños en la edificación que ocupa una manzana completa. Aunque se ha tratado de ocultar con plásticos y mallas, su estado es una suerte de recordatorio de lo poderosa que puede ser la naturaleza.

Pese a lo simbólico de su estado actual, en ese lugar se producen dos paradojas. La primera es que desde 2010 que la ciudad (y la provincia) no tiene una cárcel para la población penal de la zona y los intentos iniciales de construir un nuevo recinto carcelario en otro lugar enfrentaron la resistencia de las comunidades locales. A poco andar, el Ministerio de Justicia desechó la idea, alegando falta de recursos para costear un centro de privación de libertad.

La otra situación paradojal se ha ido revelando con el paso del tiempo. Aunque se trata de un espacio bien ubicado, con buenas vías de acceso, nadie se quiere hacer cargo para darle un nuevo destino.

En principio, el Ministerio de Bienes Nacionales lo entregó a la municipalidad que proyectó un centro de atención geriátrica. Sin embargo, a poco andar descartó la iniciativa. En ese momento entró a tallar el Servicio de Salud de Biobío para generar un recinto de atención a pacientes crónicos. Recién se supo que ese organismo declinó seguir adelante y devolvió el terreno a Bienes Nacionales. En ambos casos, la razón que dejó hasta ahí las intenciones de una nueva infraestructura sanitaria es el elevado costo de demoler la antigua cárcel.

Por lo pronto, se desconoce si otro organismo público está interesado en el ex recinto penitenciario. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se debe hacer un esfuerzo para utilizar esos más de 10 mil metros cuadrados para la comunidad local. Quizás las nuevas autoridades regionales y comunales que asumirán en las próximas semanas puedan aportar para que se p desperdicie un lugar de esas características.