El activismo funcionario en Chile es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en el ámbito de la tramitación de permisos ambientales, sanitarios y de construcción. Este fenómeno se refiere a la práctica de algunos funcionarios públicos que, influenciados por sus ideologías personales, retrasan o dificultan la aprobación de permisos, desviándose del marco legal establecido. Esta situación genera incertidumbre y desincentiva la inversión, incrementando los costos de los proyectos, impactando negativamente en el empleo y el crecimiento económico del país. Cabe mencionar, por ejemplo, que en nuestro país una planta desaladora puede tardar más de 11 años en obtener todos los permisos necesarios.

Este tipo de funcionarios, en lugar de actuar como facilitadores del desarrollo y el cumplimiento de la ley, se convierten en obstáculos, afectando la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos. Este comportamiento es particularmente notorio en la tramitación de permisos donde los criterios técnicos y legales deberían prevalecer sobre cualquier consideración personal.

Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, los proyectos de inversión en infraestructura pueden enfrentar demoras de hasta dos años debido a la burocracia y la falta de claridad en los procedimientos. Estas demoras no solo incrementan los costos de los proyectos, sino que también desalientan a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. En términos de empleo, se estima que cada año de retraso en un proyecto de construcción puede significar la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Por otro lado, un estudio del Banco Mundial señala que Chile ha visto una disminución en la inversión extranjera directa del 15% en los últimos cinco años, en parte debido a la percepción de ineficiencia y falta de transparencia en la administración pública.

El fenómeno del activismo funcionario, a pesar de no ser muy conocido, representa un desafío significativo para el desarrollo económico y social del país. Abordar este problema requiere un enfoque integral que combine con convicción transparencia y accountability para fortalecer los mecanismos de control interno y externo que garanticen que los funcionarios actúen conforme a la ley y no a sus intereses personales; capacitación y profesionalización de los servidores públicos asegurando que los funcionarios estatales reciban una formación adecuada en normativas y procedimientos, así como en ética profesional; simplificación de trámites para reducir la burocracia y agilizar la tramitación de permisos; y por último, pero no por eso menos importante, establecer sanciones efectivas para aquellos funcionarios que actúen de manera arbitraria o negligente, pues hoy el utilizar los cargos para promover banderas personales es absolutamente gratuito.

Enfrentar el activismo funcionario es una tarea impostergable si queremos reactivar la confianza en nuestras instituciones y dinamizar el desarrollo económico de Chile. Para ello, es crucial implementar una transformación administrativa que priorice la digitalización y automatización de trámites, eliminando el margen para decisiones discrecionales basadas en ideologías personales. A esto debe sumarse un robusto sistema de incentivos para premiar la eficiencia y la transparencia, acompañado de mecanismos de evaluación continua y sanciones para quienes abusen de sus cargos. Solo de esta forma podremos garantizar que el Estado vuelva a ser un aliado del desarrollo, promoviendo inversión, empleo y progreso sin ataduras burocráticas ni obstáculos innecesarios.

Roger Sepúlveda Carrasco

Rector Universidad Santo Tomás

Región del Biobío