La demora en la designación de un delegado o delegada presidencial titular en la provincia de Biobío ha generado un clima de incertidumbre y descontento. A casi un mes de la salida de Paulina Purrán, quien dejó el cargo para postularse como candidata a diputada, el cargo sigue vacante y sin una fecha definida para el nombramiento. Este retraso es inaceptable, más aún considerando la importancia del puesto para la toma de decisiones urgentes en un territorio con necesidades tan diversas.
Aunque desde el propio Ejecutivo habían indicado que a fines de noviembre se tendría el nombre, hoy martes 10 de diciembre no se ha resuelto el tema. Mientras tanto, Jacqueline Cárdenas, seremi de Gobierno, ha asumido la subrogancia del cargo. Aunque ha cumplido con sus funciones de manera interina, su residencia en Concepción ha limitado su presencia en actividades y eventos clave en Los Ángeles y otras comunas de la provincia.
Esta situación ha provocado críticas desde diversos sectores, incluyendo el Congreso. El senador Gastón Saavedra ha destacado que un delegado titular no solo aportaría mayor conocimiento del territorio, sino también agilidad en la resolución de problemas locales. "Es parte de la descentralización del país. En la provincia de Biobío se requiere sentido de pertenencia para enfrentar temas urgentes", declaró el parlamentario.
La diputada Joanna Pérez, por su parte, enfatizó que el cargo de delegado presidencial no es menor. "Este rol incluye la gestión de temas críticos como la seguridad y las políticas de escasez hídrica, áreas que necesitan atención inmediata y efectiva", puntualizó. Mientras tanto, la diputada Karen Medina ha sido más contundente en sus declaraciones, señalando que "la delegación presidencial de Biobío sigue vacante, pese al aumento de casos de delincuencia y violencia. Esto no puede continuar así".
A este escenario de incertidumbre en la Delegación Presidencial se suma la falta de titulares en otros cargos clave de la región, como las seremías de Energía, Justicia y Transportes. Este vacío institucional mina la capacidad del gobierno para atender las demandas de la ciudadanía y gestionar políticas públicas efectivas. No es solo una cuestión de burocracia; es un problema de gobernanza que afecta la vida cotidiana de los habitantes de Biobío.
El retraso en la nominación también ha dado pie a rumores e incertidumbre, lo que tensiona a la provincia que necesita liderazgo claro y decisiones oportunas.
Es imperativo que el gobierno central actúe con rapidez para resolver esta situación. La provincia de Biobío no puede seguir funcionando con una autoridad interina que carece de la capacidad para estar presente de manera constante. El tiempo de espera ha sido excesivo, y los habitantes de la provincia merecen una gestión comprometida y efectiva.
El nombramiento del titular del cargo no solo es un simple tema administrativo, sino también una demostración con la descentralización y el territorio. Cada día sin una solución definitiva es una falla en el cumplimiento de las responsabilidades del gobierno. Es hora de que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y demuestre que la provincia de Biobío es una prioridad de verdad, y no una más en una lista de interminables pendientes.