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La Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha implementado una prohibición temporal del uso del fuego para las quemas controladas de desechos agrícolas y forestales en las provincias de Concepción y Biobío, medida que comenzó el martes 12 de noviembre y se mantendrá hasta nuevo aviso.
Esta decisión responde a un pronóstico meteorológico que prevé un aumento de las temperaturas y vientos superiores a los 30 km/h en los próximos días, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.
Rodrigo Jara, director regional de Conaf Biobío, explicó que esta decisión fue adoptada "tomando en consideración las condiciones meteorológicas presentes en las dos provincias. Es por ello que queremos ser muy enfáticos en el llamado a la responsabilidad de las personas. Es fundamental respetar la medida para no tener que lamentar posibles catástrofes", señaló.
La medida es de carácter preventivo y busca evitar incidentes graves debido a la alta peligrosidad de realizar quemas en un escenario de temperaturas extremas y vientos fuertes.
En ese sentido, Jara hizo un llamado a los sectores agrícola y forestal a cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones. "Es muy importante que nuestras y nuestros agricultores respeten la norma y no se arriesguen a multas o sanciones más graves. Como ya se ha señalado, las condiciones climáticas son muy riesgosas. Sin embargo, si somos precavidos y si todas y todos los actores colaboramos, podemos evitar los incendios de magnitud", agregó el director regional.
Conaf recordó que aquellos que infrinjan la prohibición de realizar quemas controladas durante este período estarán sujetos a multas y sanciones penales. Las quemas ilegales pueden ser denunciadas a través de Carabineros (133) o directamente a CONAF (130). Los responsables de quemas ilegales enfrentan sanciones que van desde multas económicas, que pueden variar entre 11 y 50 UTM, hasta penas de cárcel.
Según la legislación vigente, quienes realicen quemas en condiciones suspendidas pueden ser castigados con presidio menor en su grado medio, lo que implica una pena de 71 días a 3 años de prisión.
Esta medida se enmarca en los esfuerzos preventivos para mitigar los riesgos de incendios forestales en una temporada particularmente compleja, donde las condiciones meteorológicas y la acumulación de material combustible aumentan significativamente la probabilidad de que se generen incendios.
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