El seremi en Biobío de Bienes Nacionales, Eric Aedo, se refirió a las denuncias efectuadas por vecinos de sectores rurales, quienes acusan a propietarios de predios colindantes de realizar ventas de acciones y derechos de sitios menores a 5 mil metros cuadrados.
El funcionario dijo que han advertido a los alcaldes de la región sobre este tipo de transacciones y que dicen relación con “personas, con particulares que están loteando en sectores rurales, vía la venta de acciones y derechos”, explicó.
Aedo aclaró que cuando alguien vende un terreno de esa forma, “la verdad es que vende una cosa indeterminada, intangible”, indicó.
A su vez, advirtió que las personas que adquieren de esa forma un bien y que luego intentan regularizarlo a través de Bienes Nacionales pueden tener dificultades debido a la Ley de Urbanismo y Construcciones, enfatizó.
El seremi dijo que han detectado situaciones donde se están vendiendo acciones y derechos a más de 800 familias. “Se han loteado bajo esa modalidad 35 hectáreas no ajustándose a ninguna norma legal, y ahí lo que tiene que hacer el Ministerio de Bienes Nacionales es denunciar porque estamos frente a un loteo irregular”, puntualizó.
PROVINCIA DE BIOBÍO
Respecto a la provincia de Biobío, el secretario regional contó que en un sector denominado La Montaña, varios compradores han intentado regularizar sus sitios por la vía del ministerio del ramo, “y nosotros hemos sido tajantes en prohibir esas inscripciones de propiedades porque no se ajustan a la ley”, subrayó.
“Malamente, Bienes Nacionales va a contribuir a ir generando loteos irregulares, loteos que no cuentan con acceso al agua potable, a los sistemas de alcantarillado, porque en el fondo vas a ocasionarle un problema a la ciudad”, agregó.
Aedo expresó finalmente que “quiero advertirles a las personas y también quiero hacerle un llamado a los municipios a que cuando se encuentren en el mundo rural con estas ventas de acciones y derechos de lotes inferiores a 5 mil metros cuadrados, que es lo que permite la ley en el mundo rural, los municipios con sus direcciones de Obras tienen que ponerle un coto a esta situación y el camino normal es denunciarlo a los tribunales”, concluyó.