Han pasado 15 años desde que un grupo de familias que fueron relocalizadas en la comuna de Quilaco y que vivían en la localidad de Ralco Lepoy, en Alto Biobío, firmaron un acuerdo con la entonces empresa Endesa, hoy Enel, y el Estado de Chile.
Dicho convenio incluía, entre varios otros compromisos, la construcción de viviendas para cada una de estas familias, en terrenos que les serían entregados en la comuna donde fueron reubicadas. Esto, como medida de mitigación por la construcción de la central Ralco el año 2003.
La cesión de predios a estas personas se cumplió a cabalidad, recibiendo cada grupo familiar un terreno en Quilaco donde poder asentarse y comenzar una nueva vida, lejos de su originario Ralco Lepoy. Sin embargo, por la construcción de sus casas hasta el día de hoy siguen esperando.
Así lo dieron a conocer los propios afectados tras reunirse, como muchas veces anteriores, con autoridades de gobierno en ejercicio, como sucedió esta semana en el edificio de la Gobernación, en Los Ángeles, donde el gobernador de Biobío, Luis Barceló, acompañado por el administrador municipal de Quilaco, Bernes Toloza, recibió a este grupo familiar para abordar nuevamente la problemática que los afecta.
MALESTAR DE LAS FAMILIAS
Ilda Riquelme Huenteao, en representación de los relocalizados, señaló que la situación involucra a 18 familias y que el motivo de la reunión con el gobernador y el administrador municipal de Quilaco fue el mismo de anteriores encuentros “que hemos tenido desde el 2003 hasta el día de hoy: el incumplimiento del Estado hacia las familias por el tema de las casas”, dijo.
“A la gente se les entregó sus terrenos, pero no se le ha hecho entrega de sus casas. Estamos hablando de 15 años que han pasado desde que el Estado se comprometió y no ha sido capaz o ha tenido poca voluntad política para resolver este tema”, reclamó Ilda.
La mujer contó que cada una de las familias involucradas tuvo que autoconstruirse una vivienda para poder habitar los terrenos que les entregaron el 2003, en el marco de este acuerdo que suscribieron con Endesa y las autoridades de gobierno de entonces.
“Hay una mala voluntad política para resolver esto, acá no estamos hablando de un gobierno, un intendente o un gobernador, sino que la solución se está entrampando por un tema que no nos compete (…) A nosotros se nos dijo que se iban a construir nuestras viviendas y eso es lo que estamos esperando”, aseveró la vocera de los relocalizados.
“Venir a dialogar o venir a reuniones para escuchar lo mismo de siempre, creo que ya no estamos en condiciones, porque nuestras mamás han avanzado en edad, son 15 años y los años pasan, sobre todo para la gente de la tercera edad”, agregó.
RECONOCIMIENTO DE UNA DEUDA
Consultado al respecto, el gobernador de Biobío Luis Barceló reconoció la deuda que el Estado de Chile mantiene con este grupo de familias, todas de origen pehuenche.
“Es un acuerdo en el que participó Endesa, este grupo de relocalizados representados por un equipo de abogados y que, de alguna forma, avaló el Estado a través de Serviu”, explicó la autoridad provincial.
“A ellos se les entregaron los terrenos, eso está cumplido. También se han cumplido algunos proyectos, por ejemplo, se hizo con fondos de la Subdere y con concurso de la Municipalidad de Quilaco un proyecto de agua potable, eso está terminado. Además, está en curso un proyecto de electrificación, aunque ahí puede haber un cambio en términos de que cada casa tenga una solución eléctrica independiente a través de energía solar, parecer ser lo más plausible que llegue a suceder”, agregó el jefe provincial.
No obstante, Barceló advirtió que, en el tema de la construcción de las casas, existe un impedimento de tipo administrativo que hará casi imposible que el Estado pueda cumplir con ello, a no ser que se busque una solución por otra vía.
“Las casas tenían que ser construidas de acuerdo a los requisitos administrativos que los favorecidos debían cumplir de acuerdo a las normas del Serviu, pero parece ser que estos relocalizados de origen pehuenche no lo entendieron así, en términos que entendieron que era una negociación con Endesa, entre privados, y que lo que correspondía era que lisa y llanamente les construyeran sus viviendas. Pero estaba esta otra colita de la frase, el cumplimiento de los requisitos que exige el Serviu para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio de subsidios y todo lo demás”, aclaró el gobernador.
“No es que haya una mala labor o negligencia por parte de funcionarios, es que hay piedras de tope administrativas que van complicando la situación a medida que se avanza (…)
Creo que lo que hay que hacer es tomar una determinación política radical, en el sentido de buscar normas de excepcionalidad, ya sea administrativas o incluso legales, una ley especial para que se pueda cumplir con el espíritu del contrato y ese no es otro que se les construyan las casas, independiente de si cumplen o no los requisitos del Serviu”, concluyó la autoridad provincial.
En la misma línea se pronunció el administrador municipal de Quilaco, comuna en la que se instalaron a vivir estas familias.
“Estamos hablando de 18 familias que han esperado por 15 años la construcción de sus viviendas, ha habido varias trabas administrativas que han impedido que esto se cumpla. (…) Nosotros entendemos como municipio la frustración de las familias, la poca credibilidad que tienen en el Estado porque no han cumplido con este compromiso (…) El gobierno actual no va a poder hacer nada, quedan días para que asuman las nuevas autoridades y serán éstas las que tendrán que resolver este problema”, comentó el funcionario.
“La solución ya no va por la vía administrativa, porque es un callejón sin salida, por la vía administrativa sólo vamos a poder entregar viviendas a sólo 8 familias y no a las 18 que componen este grupo, por ende, la solución va por la vía política y va a ser labor del próximo gobierno resolver políticamente este problema, entregando una ley especial o un decreto de excepcionalidad que permita saltar los conductos regulares y entregar a las familias las viviendas y así el Estado cumpla con este compromiso de hace 15 años atrás”, añadió Toloza.
DECLARACIÓN DE ENEL
Diario La Tribuna contactó a la empresa Enel (antigua Endesa) para obtener un pronunciamiento respecto de esta situación que se arrastra por 15 años.
La entidad, a través de un comunicado, declaró que “estas familias son descendientes de las personas que en septiembre de 2003 suscribieron un Memorándum de Entendimiento tripartito, que facilitó el cierre de algunas de las negociaciones en el marco de la construcción de la central Ralco, y que fue firmado por cuatro personas, Enel Generación Chile (entonces Endesa Chile) y el Gobierno de Chile”.
La declaración agrega que “dicho memorándum estableció distintos beneficios para las familias. Todos los compromisos adquiridos por la compañía se encuentran plenamente cumplidos”.
Finalmente se lee que “Enel Generación Chile ha participado en diversas instancias a la que ha sido convocada para explicar y evidenciar dicho cumplimiento a las familias. No obstante, lo anterior, tiene la disposición para, si es necesario, volver a reunirse con las familias, para aclarar las dudas que al respecto puedan mantenerse”.