El 16 de octubre de este año se promulgó la ley que pone fin a la doble evaluación simultánea a que eran sometidos profesoras y profesores de establecimientos educacionales financiados por el Estado: la Evaluación Docente  que les era aplicada desde el año 2005 y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a partir del año 2016, quedando sometidos  solo a este último proceso, que tiene por finalidad evaluar la labor que desarrollan y la influencia que dicho desempeño ejerce en el aprendizaje de los estudiantes, para mejorar la alicaída calidad de la educación, fortaleciendo la profesión y superando el agobio docente que significa estar sometido a dos evaluaciones sobre un mismo proceso.

La evaluación -que no es medición, si bien la incluye- del sistema educativo, permite recopilar información que resulte confiable, no solo para emitir un juicio sobre el aprendizaje de los estudiantes si no que, especialmente para tomar decisiones que permitan superar las deficiencias detectadas, sin lo cual no tiene mucho sentido realizarla, menos cuando tensiona la vida de todos los actores del sistema escolar, familia incluida donde, de una manera u otra, todos los participantes en el proceso educativo centran sus actividades en la "preparación" de los estudiantes para rendir las mediciones estandarizadas que dan cuenta de los aprendizajes escolares alcanzados.  Si bien el Sistema de Desarrollo Profesional Docente tiene las características de ser integral ya que, junto con reconocer las competencias, saberes disciplinarios y pedagógicos, suma la experiencia y las funciones docentes ejercidas fuera del aula, como lo es el trabajo en equipo con otros profesores y las actividades con los estudiantes, aun así,  lo cierto es que sobre los deficientes resultados del sistema educativo, la responsabilidad de que ello ocurra, se le asigna a la labor realizada por  la profesora o profesor, quienes deben ejercer su rol formador  en un ambiente complejo y demandante en las condiciones que el sistema educacional  le permite y  otorga, sistema que, en sus diferentes niveles, debe ser también medido y evaluado ya que es quien debe proporcionar las condiciones ambientales, de infraestructura, laborales y profesionales  propicias para el ejercicio de la tarea docente, así como la dotación de insumos materiales, técnicos, pedagógicos, curriculares y de apoyo que sean necesarios y pertinentes, asumiendo todo el sistema y no solo los profesores los resultados académicos y de formación humana del futuro ciudadano. Con un escenario poco propicio para el aprendizaje escolar, los bajos resultados obtenidos se han reiterado e institucionalizado y los docentes se sienten aislados y decepcionados de la profesión y abandonan su ejercicio; más de un 20% lo hacen al 5° año de desempeño (El Centro de Estudios del Ministerio de Educación reconoce que cerca de 15 mil profesores dejan las aulas cada año) y las razones para hacerlo son, entre otras: el difícil clima de trabajo con los estudiantes, la violencia y la pérdida de autoridad para manejar los conflictos internos, el bajo apoyo de los padres y apoderados, la poca o nula participación en la toma de decisiones que dicen relación con su tarea, la desvalorización social de la profesión, que lleva a muchas profesoras y profesores a situaciones de estrés y agotamiento emocional, de "alienación frente al trabajo donde el cumplimiento de la tarea se realiza en forma mecánica; una pérdida de la motivación donde desaparece el ser y toma importancia el deber", tarea que debe cumplir en las condiciones que sean.  En tanto, la evaluación de los docentes, como de los estudiantes, mediante el Simce, llevan años de aplicación, sin que sus resultados hayan sido utilizados como es su propósito declarado: mejorar la educación chilena, la que sigue estancada y  donde solo los profesores, y no todos los involucrados- familia, sociedad y poderes públicos-  están sentado en  el banquillo de los responsables.

Alejandro Mege Valdebenito.