Las buenas decisiones en salud no solo implican considerar la eficiencia económica, sino también la justicia social y el acceso equitativo para toda la población. Una decisión ética debe estar fundamentada en lograr el bien mayor, respetando los derechos de las personas y los principios de justicia y equidad.
Los beneficios deben ser distribuidos de manera justa, reconociendo las desigualdades existentes y asegurando que los grupos más vulnerables tengan acceso a lo necesario. Esto es particularmente relevante cuando los recursos son limitados y las necesidades son diversas, crecientes y complejas. Por lo anterior, las delicadas decisiones en salud no deben estar al arbitrio de qué grupo de interés presiona más, del impacto mediático que un caso dramático produce en la población o en manos de procesos judiciales, a los cuales no todos tienen acceso, sino que a través de arreglos institucionales que de manera transparente logren balacear la evidencia científica, los principios éticos, de justicia y equidad con la legitimidad y aceptación ciudadana.
En un entorno donde los avances tecnológicos y farmacéuticos son constantes, es crucial disponer de criterios claros y transparentes para decidir qué innovaciones deben ser adoptadas. Esto no solo contribuye a que las personas tengan acceso a diagnósticos oportunos y reciban tratamientos eficaces y seguros, sino que también se optimice el uso de los recursos.
Los procesos de evaluación de la costo-efectividad de las tecnologías sanitarias, que incluyen a los medicamentos, son esenciales, porque permite identificar y priorizar aquellas intervenciones que, en relación con su costo, ofrecen el mayor beneficio, al mayor número de personas y con especial foco en quienes más necesitan, aunque no debiera ser el único criterio. Es importante complementar con consideraciones éticas y sociales, como la equidad en el acceso, las necesidades específicas de poblaciones vulnerables, y las expectativas y aceptabilidad de la población.
El Ministerio de Salud dispone de una unidad de tecnologías sanitarias que ha sido clave para la definición de las garantías explícitas y sus guías clínicas, así como para la implementación de la Ley Ricarte Soto. Es hora de que como muchos países desarrollados esta unidad tenga por ley las capacidades y la atribución de definir cuales tecnologías o medicamentos se introduce en nuestro sistema con base en la ciencia, la ética y la justicia y no de la judicialización o la presión mediática.
Osvaldo Artaza
Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas