En un reciente informe que acaba de publicar el FMI se presenta un interesante análisis acerca de los costos asociados al crimen y a la inseguridad en nuestra región. Vale la pena destacar algunos resultados. Primero, llama la atención que con solo el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe (ALC) representa un tercio de los homicidios del mundo.

Claro, la inseguridad no solo perjudica a los ciudadanos, sino que también daña la economía puesto que erosiona la inversión, la productividad, y en último término, el crecimiento, gatillando altos costos económicos y sociales.

Un segundo resultado es que, a nivel de municipios, un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica en aproximadamente un 4%. ¿Qué significa esto? Que reducir a la mitad las tasas de homicidio tiene el potencial de impulsar la actividad económica a nivel local en un 30% en promedio.

Un tercer resultado que emerge del análisis es que un aumento de 10 p.p. en la proporción de noticias relacionadas con el crimen, está asociado con una contracción del 2,5% en la producción industrial tres trimestres después del peak de noticias. Otra conclusión que arroja el estudio es que el crimen es un obstáculo para hacer negocios; de hecho, el 30% de las empresas consultadas perciben que el crimen desenfrenado es su principal problema, y los costos directos de este, es decir, el valor de las pérdidas por delitos y el gasto en seguridad, se estiman en un 7% de las ventas anuales. En efecto, el crimen disminuye la productividad laboral, mientras que los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan.

Finalmente, el informe estima que un peak de inflación superior al 10% se asocia con un aumento del 10% en promedio en los homicidios del año siguiente. Más aún, un incremento de una desviación estándar en el coeficiente de Gini trae como consecuencia un aumento del 12% en los homicidios.

¿Qué lecciones prácticas podemos extraer dado que nos urge elevar nuestra capacidad de crecimiento?

Primero: promover la estabilidad macroeconómica. El control de la inflación, y la sostenibilidad de las finanzas públicas acá juegan un rol fundamental. Arcas fiscales que estén permanentemente en cifras rojas representan un serio peligro para esa estabilidad.

Segundo, propender hacia un crecimiento inclusivo. Es decir, que la prosperidad permee a toda la sociedad, generando oportunidades laborales para todos, pero especialmente para los jóvenes, impulsando así la movilidad social. Que el origen socioeconómico de los individuos no condicione sus trayectorias vitales.

Finalmente, hacer más eficiente el gasto que hace el Estado en seguridad, lo cual exige mejorar la coordinación de las políticas públicas y el monitoreo de los recursos destinados a combatir el crimen y la delincuencia.

Rodrigo Montero

Decano Facultad de Administración y Negocios

Universidad Autónoma de Chile