La llegada de los Gobiernos Regionales no estuvo exenta de problemas, pues su implementación enfrentó, desde su idea originaria a dos poderes del Estado, a saber: el Legislativo y el Ejecutivo. El parlamento dilató la discusión de la norma que les daba vida, pues se temía que los consejeros regionales fueran más importantes que los parlamentarios, mientras que el poder central, debía enfrentar a las Delegaciones Regionales y Provinciales con el Gobierno Regional. Además, bajo la administración centralizada de un Estado Republicano, el surgimiento de un nuevo poder, podía implicar riesgos, dadas las diferencias geográficas y locales de un país tan singular como el nuestro.

Desde el fin de la Dictadura, el gobierno democrático de Patricio Aylwin y el parlamento se dieron a la tarea de legislar, entre muchas otras necesidades, el tema de la descentralización, pues el régimen autoritario de Augusto Pinochet había concentrado el poder en Santiago, cuestión que tras casi 30 años, logró implementarse en su totalidad con la nueva institución. Así, en 1993 se publicó la Ley  19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la misma que establecía la existencia de un cuerpo colegiado (consejeros) y un gobernador elegido democráticamente en el territorio. Tanto la ley como el proceso eleccionario blindaron con legalidad y legitimidad a la nueva institución. Tras ello, la Ley 21.074 de 2018 vino a introducir las modificaciones a los cuerpos normativos vigentes para fortalecer los procesos descentralizadores desde las regiones, dando más autonomía a la gestión local, más funciones y más atribuciones a los mismos y vida a todo.

En la primera elección tras su entrada en vigencia, los biobienses eligieron en las urnas a Rodrigo Díaz, el que sin importar la cantidad de habitantes de cada una de las 33 comunas de Biobío y, sin mirar la ideología partidista de cada alcalde y alcaldesa se dedicó, junto a los consejeros regionales, a entregar los fondos destinados a los proyectos territoriales que favorecían el progreso local. Esa es la importancia de un Gobierno Regional que conoce el territorio y las demandas de cada sector. Para 2025, el presupuesto solicitado para el Gobierno de Biobío fue de 160 mil millones de pesos, sin embargo, desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, solo se envió al parlamento para la discusión presupuestaria, un monto de 133 mil millones de pesos. Si bien, los gobiernos regionales no tienen atribuciones políticas, si tiene una caja con fondos para solucionar problemas tan importantes como el Agua Potable Rural, mejoramiento de juntas vecinales, urgencias provocadas por la naturaleza, apoyo a organizaciones sociales de toda índole y recursos para apoyar la construcción de hospitales, como el de Mulchén, entre muchos otros temas, donde el Estado no llega por que los proyectos son caros y no cuentan con la Responsabilidad Social o Recomendación Favorable, simplemente porque solucionan problemas a muy pocas personas, como es el caso, por ejemplo, de los APR.

La segunda vuelta para las elecciones de gobernadores/as regionales es vital para el desarrollo local de cada una de las 346 comunas y 345 municipalidades de Chile, por eso es importante ir a votar, porque lo que se define, es el desarrollo y el progreso. Tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes en una urna es un proceso que engrandece a Chile y lo robustece desde el punto de vista de la institucionalidad, cuestión que viene a fortalecer nuestra imagen país en el concierto internacional, lo que no solo se traduce en estabilidad política, sino que también brinda la seguridad para atraer las inversiones de las grandes empresas transnacionales. La democracia siempre será frágil y, por eso, debemos votar.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público Licenciado en Ciencias Políticas