Este título podría ser perfectamente el de una serie de televisión, pero en esta oportunidad intenta representar el sentimiento de los chilenos que a diario debemos enfrentar las diversas expresiones de la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país, que ha avanzado a niveles inimaginables y nunca vistos por mí en el poco más de medio siglo de vida que llevo.

Durante el 2024, se registraron más de 35.000 casos de robos con violencia, según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), reflejando un aumento del 15% respecto al año anterior. Además, los homicidios aumentaron un 10% llegando a 1.200 el 2024 y hubo más de 12.000 delitos relacionados con drogas, esto es un 20% más que el 2023.

Estos aumentos no solo reflejan la violencia inherente al crimen organizado, sino también la capacidad extremadamente limitada de recursos y facultades legales con que cuentan hoy las fuerzas de seguridad para controlar estas actividades ilícitas.

Pero, ¿es posible vivir con tranquilidad cuando el crimen organizado y la delincuencia han alcanzado estos niveles de impunidad?

Estas cifras no solo son estadísticas de seguridad pública, sino también son la evidencia de la alerta constante en que vivimos las personas, con el temor de ser víctimas de delitos en nuestras casas, automóviles, trabajos, espacios públicos y en el mundo digital.  Sin ir más lejos, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2023 reveló que el 87,7% de los chilenos perciben un aumento en la delincuencia.

El gobierno actual, a pesar de que ha desplegado algunos esfuerzos que buscan más en la forma que en el fondo disminuir la sensación de inseguridad mediante el plan denominado "calles sin violencia", ha enfrentado transversales críticas por su manejo del problema, quizás la inexperiencia de su administración y la necesidad de dedicar gran parte de su agenda a problemas de corte político y errores no forzados, han limitado su capacidad para abordar eficazmente el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado. Esta falta de enfoque ha sido señalada como una de las razones por las cuales las medidas implementadas no han logrado los resultados esperados.

Cuando los ciudadanos pierden la fe en la capacidad del Estado para protegerlos, se erosionan los vínculos sociales y se genera un clima de desesperanza y resignación.

Vivir atemorizados por el avance de la delincuencia y el crimen organizado provoca heridas profundas y permanentes para la sociedad: limita nuestra movilidad, reduce nuestra participación en actividades comunitarias y afecta nuestra salud mental. El impacto acumulativo de esta situación amenaza con dejar cicatrices permanentes en el tejido social de nuestro país.

Del modo como reaccionemos ante esta crisis dependerá la posibilidad de revertir esta tendencia y recuperar la confianza en nuestras calles. En efecto, cuando las medidas para enfrentar la inseguridad se limitan a estrategias cosméticas, se perpetúa la sensación de desamparo. La situación de la delincuencia y el crimen organizado en Chile es un desafío complejo que requiere una respuesta multifacética.

Padres, educadores, empresarios, alcaldes, parlamentarios y ciudadanos: a todos nos corresponde asumir un rol activo en esta lucha. Las estadísticas de seguridad pública subrayan la gravedad del problema, mientras que las percepciones de inseguridad reflejan el impacto en la vida diaria de los ciudadanos.

Este es un tema que debe ser un compromiso compartido que exige decisiones valientes, inversiones significativas y un cambio cultural que valore la cohesión social por encima del miedo y la indiferencia.

Debemos recuperar nuestras calles y nuestro derecho a vivir sin miedo.

Roger Sepúlveda Carrasco

Rector Universidad Santo Tomás

Región del Biobío