En la reunión extraordinaria que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia junto a los jefes regionales del Ministerio Público del país, se hizo un balance de las primeras horas de la instrucción anunciada luego del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. La medida apunta a que los investigadores soliciten la medida cautelar más gravosa contemplada por la ley; prisión preventiva, cada vez que se detenga a extranjeros indocumentado a la espera de que se esclarezca su identidad.
Si bien la medida cuenta con un amplio apoyo dentro del espectro político nacional, generó algunos reparos por la lentitud del servicio de identificación en el resto del país. La máxima autoridad de Fiscalía reiteró que la decisión ya estaba tomada y que no había vuelta atrás. Pese a que la iniciativa contaría con respaldo de todo el consejo general, algunos fiscales regionales le hicieron notar a Valencia que la situación no es la misma en el resto del país que en la Región Metropolitana. Persecutores que lideran regiones más extremas del país indicaron que el Registro Civil demora hasta un mes en responder a sus requerimientos, por lo que sería complejo poder cumplir con la instrucción en casos donde los mismos tribunales desestimaran mantener privada de libertad a una persona en espera de un trámite administrativo de huellas.
MEDIDAS APUNTAN A APURAR TRÁMITES PARA EXTRANJEROS
Según informaciones, luego de que Valencia escuchara dichos reparos e inquietudes, dijo que la medida se implementará y que es una decisión que no dará pie atrás. De hecho, el plan piloto ya está funcionando en el Centro de Justicia de Santiago, donde se instaló una oficina del servicio de identificación que hará más expedito los trámites justamente con extranjeros N.N. La autoridad intentará replicar en otras regiones el entendido que se sabe que la capacidad en algunas ciudades del país no se compara a la de la capital. De hecho, en provincia, la repartición depende del Ministerio de Justicia no funciona las 24 horas y menos los fines de semana.
El argumento para la medida que se definió se basa en que el 25% de los imputados que pasa a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje el 50% no cuenta con RUN en el Registro Civil de Chile. De acuerdo al texto, esto "conlleva a problemas de registro e identificación, así como también problemas de carácter procesal". El oficio precisa que "todo imputado extranjero que no tenga DNI o pasaporte de su país de origen, deberá pasar a control de detención". La misma situación regirá para aquellos extranjeros que tengan DNI o pasaporte, pero que no cuenten con RUN provisorio chileno.
DARÁN PRISIÓN PREVENTIVA PARA INDOCUMENTADOS
En consideración de lo anterior, la Fiscalía Nacional emanó el oficio Nº 298/2023, donde el fiscal nacional instruyó que "en consideración a la creciente problemática que se ha detectado en relación a la individualización de imputados nacionales y extranjeros que cometen delitos y que no cuentan con un documento oficial chileno que permita acreditar su identidad", se dispuso "a todos los fiscales del Ministerio Público solicitar la medida cautelar personal de prisión preventiva establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal".
La medida, según Valencia, responde a "la existencia de peligro de fuga en casos imputados por cualquier clase de delito que fueran pasados a audiencia de control de detención, que en el caso de no contar con un documento identificatorio chileno que permita acreditar su identidad en relación a la referida necesidad de cautela". Además, el jefe del Ministerio Público imparte que en el caso de que la defensa del imputado pida reemplazar la prisión preventiva por una caución económica, los fiscales se deberán oponer a dicha petición. También pide recurrir o apelar en casos que los tribunales rechacen la petición del ente persecutor.