Más de 100 detectives desplegados en cuatro regiones del país, en ocho comunas en total, fueron parte del amplio operativo policial realizado por la Policía de Investigaciones, y encabezada por la fiscalía regional del Biobío, para buscar responsabilidades en el origen de los mega incendios forestales de la temporada pasada.
Las diligencias apuntaron a la entrada y registro de oficinas de dos empresas eléctricas, Coelcha y Frontel, a las cuales el Ministerio Público apuntó como eventuales responsables por la falta mantención de sus fajas de líneas de alta tensión.
Dicha situación, de acuerdo a una comprobación científica, habría originado accidentes eléctricos que causaron los tres incendios forestales más importantes de la región en el verano último.
La tarde de este miércoles, la fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena se refirió al operativo policial, precisando que está enfocados en aclarar las posibles responsabilidades de las compañías en los siniestros ocurridos en las comunas de Nacimiento, Santa Juana y Arauco, los que causaron la muerte de 17 personas, además de gigantescos daños materiales.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
La fiscal Cartagena indicó que "las diligencias realizadas en el día de hoy (miércoles) se refieren a tres hitos: El incendio que afectó al fundo San José Grande en Nacimiento el 29 de diciembre de 2022, donde se consumieron más de cinco mil hectáreas, con terrenos y casas. El segundo fue el incendio del 3 de febrero de 2023 que afectó a las comunas de Nacimiento y Santa Juana, donde lastimosamente murieron 17 personas, con personas lesionadas y viviendas quemadas y mucha propiedad afectada, y el incendio que afectó a la comuna de Arauco en los sectores de Llico y Punta Lavapié, que también ocurren en febrero, en que al menos 80 familias pierde su primera y única vivienda, y también se produce el incendio donde se consumen miles de hectáreas de bosques".
De acuerdo a la persecutora, "se ha establecido en investigaciones de manera científica, certera y pericial por parte de la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión".
Precisó que los problemas ocurrieron en las fajas que, por no tener una mantención adecuada, "son tocadas por especies arbóreas y efectivamente se provocan chispas. Dada la sequedad del terreno se producen los incendios".
Marcela Cartagena fue enfática en indicar que dichas conclusiones sobre el inicio de los tres incendios se obtuvieron de manera científica, explicando que los informes fueron elaborados de manera independiente por la PDI y la Conaf, cuyas conclusiones son similares.
"Nuestra legislación, entre otras, la Ley de Bosques, establece que la responsabilidad de la mantención de estas fajas de terreno para evitar que las especies arbóreas toquen los cables de alta tensión y se produzca este efecto, es responsabilidad de las empresas eléctricas", añadió.
EMPRESAS INVOLUCRADAS Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES
Al abordar parte del operativo policial, la fiscal detalló que hubo diligencias intrusivas en las empresas eléctricas Coelcha y Frontel (grupo Saesa): "Las diligencias de investigación tienen por objeto establecer si personal de estas dos empresas se vio involucradas o tienen participación o responsabilidad penal en los hechos ocurridos".
Por lo mismo, recalcó que "la situación está así determinada en la Ley de Bosques, y para nosotros estar seguros y hacer las imputaciones responsablemente, teníamos que dar este paso que era acceder a la información que manejan estas empresas, relativas a los hitos investigados, que solamente de la manera que los fuimos a buscar íbamos a conseguirlo, y con el celo que estamos obligados cuando hacemos este tipo de indagatorias".