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La Contraloría Regional del Biobío, a través de su Unidad de Control Externo, emitió un informe que da cuenta de irregularidades al interior de la Municipalidad de Cabrero, revelando que el director de Control de dicho municipio, Edgard Valenzuela Saavedra, habría realizado actividades empresariales dentro de su horario de trabajo.
Lo anterior, tras una presentación ingresada a la sede regional del ente controlador, que efectuó una fiscalización en la corporación edilicia a fin de determinar eventuales anomalías en el cumplimiento de la jornada laboral de Valenzuela, que desde el 25 de mayo de 2012 se desempeña en el cargo.
De acuerdo al informe de Contraloría, se verificó que el funcionario es socio de la empresa "Construcciones, Transportes y Arriendos Ecamadi Limitada.", constituida el 22 de mayo de 2015 y cuyos giros son "Construcción de Otras Obras de Ingeniería Civil" y "Terminaciones y Acabados de Edificios".
Además, la sociedad ha realizado cuatro modificaciones en su constitución, quedando en la actualidad como únicos socios Anita Paredes Maldonado, encargada de patentes de la Municipalidad de Cabrero y pareja y madre de un hijo en común con Valenzuela, poseyendo una participación del 97% del capital social, mientras que el director de Control tiene un 3%.
Del mismo modo, se comprobó que desde la creación de la empresa, la administración, representación y uso de razón social la ejerció Valenzuela y que a partir del 15 de diciembre de 2022 fue cedida a su primo Marcelo Vega Saavedra.
Asimismo, Valenzuela y Paredes tienen participación en otra empresa, llamada "Paval Ingeniería Limitada", en la que poseen un 93,33% y 6,67% del capital social, respectivamente, también en giros de la construcción y venta de artículos. Ésta se constituyó el 27 de enero de 2021 y su representante legal es el propio funcionario aludido.
En este informe de 14 páginas, la Contraloría detalló cada uno de los hechos en que el director de Control de la Municipalidad de Cabrero habría incurrido en acciones que atentan contra el principio de probidad administrativa y que incumplen con alguna normativa vigente en Chile.
En primer lugar, contraloría afirma que Valenzuela usó su jornada laboral para realizar sus actividades empresariales. En rigor, en su condición de representante legal de la empresa Ecamadi, celebró diversos contratos de construcción con beneficiarios de un subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ese contexto y con el propósito de comprobar el cumplimiento de su jornada laboral en el ente edilicio, se cotejaron nueve contratos firmados en la notaría, conservador y archivero Ernesto Miranda Córdova, de Cabrero, entre los años 2018 y 2021. El resultado de esto arrojó "que, en general, (Valenzuela) incumplió su jornada laboral los días en que realizó tales gestiones empresariales, dado que el horario de funcionamiento de esa notaría es de lunes a viernes entre 9 y 18 horas, y en aquellos días, no registra ausentismos estatutarios".
Además, se constató que el 1 de diciembre de 2020, encontrándose con reposo médico total, prescrito a través de la licencia médica, Valenzuela firmó un contrato con doña Mirian Melo Beltrán, esto para fines particulares en sus empresas.
La Contraloría, luego de examinar 12 expedientes ingresados a la Dirección de Obras Municipales de Cabrero (DOM), descubrió que en algunos casos las solicitudes de permiso de edificación fueron tramitadas en el mismo día o un corto periodo de tiempo. Y, en otros casos, que el permiso de construcción y la recepción municipal fueron concedidos en un plazo menor al de ejecución de las obras.
Estas viviendas, según la Contraloría, fueron construidas por la empresa Ecamadi Ltda. sin tramitar en la DOM de Cabrero los permisos de edificación respectivos.
Lo anterior, vendría a incurrir en una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en su artículo 116 inciso primero dice que la construcción de edificios y obras de urbanización requerirán de un permiso de la DOM a petición del propietario.
La Contraloría, además, da cuenta de otros antecedentes sobre este caso, como de la incompatibilidad de Edgard Valenzuela como funcionario público con el ejercicio de actividades privadas.
Respecto a esto, el ente aseveró que fue entre 2018 y 2022 que la empresa Ecamadi Ltda. -con Valenzuela como representante legal-, realizó este tipo de prácticas, que no condicen con el inciso segundo del artículo 56 de la ley 18.575, el cual establece que son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios públicos.
A su vez, Valenzuela habría incumplido con la Ley de Rentas Municipales al omitir información para solicitar una patente municipal de la empresa Ecamadi Ltda., lo que también habría sucedido con la empresa Paval Ingeniería Ltda. al ocultar uno de los giros de la sociedad.
De acuerdo a lo expuesto, ninguna de las empresas tramitó correctamente sus patentes comerciales en la Municipalidad de Cabrero, lo que implica una infracción a la ley N° 3.063 que en su inciso primero recalca que en el ejercicio de toda industria o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, está sujeta a una contribución de patente municipal.
Por último, Contraloría apunta al incumplimiento de Valenzuela Saavedra en su cargo como director de Control de Cabrero, que en entre otras funciones debe realizar auditorías internas con el fin de fiscalizar a la corporación edilicia.
El tribunal de cuentas menciona que, para los ejercicios presupuestarios 2020 y 2022, Valenzuela se limitó a consignar algunos informes, pero "sin planificar ni ejecutar auditorías en ambos periodos".
Tras los antecedentes expuestos, Contraloría ordenó a la Municipalidad de Cabrero a instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas de Edgard Valenzuela Saavedra y de otros funcionarios que podrían estar involucrados en estos hechos.
Ante los hechos expuestos en los párrafos anteriores, Contraloría sostiene que Edgard Valenzuela Saavedra, como director de Control de la Municipalidad de Cabrero, "contraviene el principio de la probidad administrativa" al infringir en lo dispuesto en el N° 4 del artículo 62 de la Ley 18.883 sobre el estatuto administrativo para funcionarios municipales, al "ejecutar actividades y ocupar tiempo de la jornada de trabajo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".
Esto también fue señalado respecto a la incompatibilidad en las actividades empresariales de Valenzuela durante el ejercicio de su cargo en la municipalidad, lo cual también se encuentra limitada por el principio de probidad administrativa, ya que "los funcionarios públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular".
La Municipalidad de Cabrero, al ser contactada por diario La Tribuna, se refirió escuetamente a esta situación.
En primer lugar, afirmaron estar al tanto de este hecho, ya que recibieron el informe y fueron notificados por la Contraloría.
Ante esto, desde la entidad indicaron que el informe fue entregado en la jornada de ayer jueves al Concejo Municipal para trasladar la información a los concejales. En ese sentido, se acordó efectuar próximamente una reunión extraordinaria del Concejo.
En tanto, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke Quevedo, instruyó un sumario, el cual ya está en trámite.
Diario La Tribuna trató de contactarse con Edgard Valenzuela Saavedra, pero sin obtener respuestas.
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