Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Cabrero fue formalizado Fernando Aurelio Ramírez Rivas (46 años), acusado por el Ministerio Público de los delitos de secuestro y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y de porte ilegal de arma prohibid.
Los hechos - que ocurrieron el pasado sábado entre la localidad de Monteáguila (comuna de Cabrero), y Los Ángeles - ameritaron que el hombre quedara con la medida cautelar de prisión preventiva debido a que se le considera un peligro para la sociedad.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según los antecedentes expuestos por la audiencia, los hechos se iniciaron el pasado viernes 5 de enero de 2024 cuando la víctima puso fin a su relación con Fernando Ramírez y se fue con sus hijos hasta casa de su madre, en la localidad de Monte Águila, arribando alrededor de las 22:30 horas.
Sin embargo, a las tres de la madrugada del día siguiente, el acusado concurrió en una camioneta a dicho domicilio y le pidió a la mujer que saliera para conversar.
Debido a la insistencia, la víctima salió de la casa, momento en que el acusado la habría obligado a subir a la camioneta y, una vez a bordo, la golpeó, para luego poner en marcha el vehículo y dirigirse a Los Ángeles. Durante el trayecto, el imputado continuó golpeando a su expareja con los puños e, incluso, con una botella de cerveza.
A la altura del peaje lateral de Los Ángeles, en la entrada norte de la ciudad, la víctima sacó las llaves de la camioneta y las tiró lejos para salir escapando a pie. Luego, llamó a su madre y le relató lo que le había sucedido. Asimismo, con la ayuda de un conductor que transitaba por el lugar, llegó el retén de carabineros de los Saltos del Laja, donde denunció al agresor y entregó detalles de la traumática experiencia de violencia.
Más tarde, funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron al domicilio del imputado, a partir de una orden de detención dictada en su contra. En el procedimiento, no solo se detuvo al sospechoso, sino que hallaron e incautaron un arma a fogueo modificada que estaba apta para el disparo.
En la audiencia de formalización, la magistrada Macarena Bobadilla García ordenó el ingreso a prisión por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima y además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
