La arista Negrete del caso Luminarias LED ya tiene un primer condenado por corrupción

El miércoles 16 de diciembre de 2020, el domicilio particular de David Encina Fonseca y su oficina en la municipalidad de Negrete fueron allanados por efectivos de la Policía de Investigaciones, como parte de un megaoperativo destinado a desenmarañar una compleja trama de corrupción en torno a las licitaciones de luminarias LED.

Funcionarios de vario municipios a lo largo del país habrían sido "coimeados" por representantes de la empresa Itelecom, de manera de lograr los contratos para instalar ese tipo de equipamiento.

David Encina Fonseca era secretario de Planificación de la Municipalidad de Negrete y, en esa condición, tuvo un rol protagónico en el proceso de adjudicación a la cuestionada compañía.

Dos días después, alcalde negretino Francisco Javier Melo fue arrestado por los detectives, sospechoso de ser una pieza mayor en el engranaje de corrupción. Aunque estuvo en prisión preventiva, ahora permanece con arresto domiciliario total a la espera del juicio en su contra.

Esa verdadera bomba que sacudió al municipio de Negrete trajo consecuencias políticas. Melo debió dejar el cargo, que fue asumido por Alfredo Peña quien fue reelegido en las elecciones de 2021.

Poco más tres años después de la detención de David Encina, la justicia dictaminó en su contra. En un juicio abreviado, fue condenado por los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del denominado caso LED que involucra a los municipios de Chillán y Negrete, el Ministerio de Energía y la empresa Itelecom.

Encina es parte de las cuatro primeras condenas a imputados por delitos de corrupción, quienes fueron sometidos a procedimientos abreviados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El ex funcionario - que cumplió funciones en el municipal negretino hasta diciembre de 2020 - recibió una pena de 400 días de reclusión y multa de 25 millones de pesos, por el delito de cohecho, más otros 400 días y multa de 100 UTM (6 millones 500 mil pesos) por lavado de activos. Se le agrega otra multa de 5 UTM (326 mil peso) por violación de secretos.

Al ex jefe comunal, que debió dejar el cargo cuando fue arrestado por la Policía de Investigaciones, se le acusa de recibir sobornos para adjudicar las licitaciones para proyectos de luminarias con tecnología LED a la empresa Itelecom.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, a cargo de la investigación del caso LED en el país, también consiguió la condena para Paul Pacheco Quintanilla, funcionario del Ministerio de Energía, quien fue condenado a 541 días de reclusión y multa de 55 millones de pesos por el delito de cohecho reiterado, más 541 días de presidio y 100 UTM por lavado de activos, otros 541 días de presidio y multa de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y multa de 10 UTM por violación de secretos. A ello se suma el comiso de una casa, vehículos, y derechos societarios y depósitos que poseía en instituciones financieras.

En el caso de George Latrille Hucke, el tribunal le impuso una condena de 700 días de reclusión y multa de 37 millones de pesos por el delito de soborno. Se le suman otros 700 días de presidio y el pago de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y otros 425 días de reclusión, como partícipe en el delito de asociación ilícita.

El último los condenados, José Hidalgo Abarzúa, recibió una pena de 541 días de presidio y multa de 20 UTA, por facilitación maliciosa de facturas falsas para la comisión de delitos tributarios reiterados.

A todos los condenados se les impuso, además, la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y a excepción de José Hidalgo, los demás también quedaron inhabilitados por siete años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas del Estado o que contraten con éste.

A estas condenas en procedimientos abreviados se suma la de Andrés Matulich Silva, encargado municipal del área de luminarias de Puerto Natales, quien el 25 de octubre último fue condenado a 3 años y un día de presidio. El Juzgado de Garantía de esa comuna le impuso, además, una multa por el cohecho de 67 millones de pesos y otra, por la violación de secretos ascendiente a 20 UTM, más las inhabilidades propias por ser funcionario público.

JUICIOS A LA VISTA

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se tramitan las investigaciones agrupadas que dicen relación con los municipios de Chillán y Negrete, el Ministerio de Energía y la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica del grupo Itelecom.

En esta investigación agrupada, la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, presentó acusación, el 28 de septiembre pasado, en contra de 19 imputados (entre ellos dos exalcaldes) y nueve empresas del grupo Itelecom, fijándose audiencia de preparación de juicio oral para el 19 de junio próximo.

El principal accionista y gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort Hernández, arriesga una condena de 28 años de cárcel y los otros gerentes, Pedro Guerra, Leonardo Bustos y Ricardo Rodríguez, 11 años de presidio, entre los principales acusados.

La investigación acreditó que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación a dicha empresa de licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas del país.

Además del soborno y cohecho, la Fiscalía les imputa a los acusados los delitos de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.