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Las grabaciones de las cámaras de seguridad de un almacén fueron fundamentales para determinar la participación directa de Jesús Francisco Pire Vargas (de nacionalidad venezolana) en el asesinato a balazos de Javier Alejandro Lermanda Valderrama, crimen ocurrido cuando ya oscurecía el pasado 26 de noviembre de 2021 en una de las calles de la villa Puerto Alegre, sector sur de la ciudad de Los Ángeles.
De acuerdo al tribunal, el registro revela cómo el acusado esperó a la víctima en la calle hasta que salió de su domicilio para comprar pan en un almacén cercano, por la calle Cali. Sin embargo, cuando retornaba a su casa, fue seguido con cautela por la vereda de enfrente hasta que, de improviso, cruzó la calle y le disparó en varias ocasiones con una pistola calibre 9mm.
Aunque Lermanda alcanzó a caminar algunos metros, cayó desplomado en el pasaje Los Guaraníes. Inmediatamente a continuación, el pistolero se subió a un vehículo conducido por otra persona que lo pasó a recoger, demostración evidente que se trataba de en una acción coordinada.
El crimen se cometió a plena luz del día en un sector residencial con personas adultas y niños circulando en esos momentos, lo que causó gran conmoción en su momento en el vecindario.
Con esos antecedentes en la mano, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Pire Vargas a una pena de cumplimiento efectivo de 20 años de presidio, como autor del delito consumado de homicidio calificado (premeditación conocida).
El fallo fue unánime. Los jueces Christian Osses Baeza (presidente), Kary Videla Beltrán y Marisol Panes Viveros (redactora) consideraron que las evidencias - incluido el registro de video - eran categóricas para dictaminar la condena al implicado.
Además, el tribunal aplicó a Pire Vargas las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación total para profesiones titulares mientras dure la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se tomen muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
"El Tribunal de Juicio Oral de Los Ángeles impuso al sentenciado la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, por haber cometido un homicidio con premeditación, ya que el crimen fue planificado, como se demostró con las grabaciones de las cámaras de seguridad de un almacén", ratificó el magistrado Osses Baeza.
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