Las causas que involucran a abogadas de narcos y fiscales en el Ministerio Público de Los Ángeles

Jesús Pire Vargas y Moisés Bastardo Bastardo han sido sindicados como sicarios altamente peligrosos, responsables de sembrar el terror a punta de asesinatos cometidos en los últimos tres años en la ciudad de Los Ángeles.

En un reciente dictamen de los tribunales de la ciudad, el primero deberá permanecer 32 años tras las rejas, luego de ser encontrado culpable de un cruento homicidio perpetrado a fines de 2021, y del asalto a mano armada al conductor de una aplicación de transporte. El segundo purga una condena de cinco años pero ahora se aguarda un nuevo juicio por dos asesinatos, por los cuales el Ministerio Público está pidiendo presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de reclusión antes de acceder a algún beneficio carcelario.

A Pire y Bastardo no sólo los une la estela de crímenes a su haber, sino que también son defendidos por las mismas abogadas: Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara.

 Las profesionales están en el ojo del huracán por el escándalo que sacude al Ministerio Público de Los Ángeles cuyas dependencias, de manera inédita, fueron allanadas a mediados de marzo pasado. Pero no solo ocurrió eso. Días más tarde, se confirmó una profunda intervención en el organismo a nivel local.

En los más de 20 años de funcionamiento del organismo persecutor en el país, fue la primera vez en que la Policía de Investigaciones entró para incautar equipos computacionales, como parte de una indagación que lleva adelante la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso.

Además, en materia administrativa, dos fiscales fueron apartados de sus funciones, al igual que otros cuatro funcionarios de menor rango, aunque no se dieron mayores antecedentes al respecto. Los allanamientos también se realizaron en la oficina de ambas profesionales en el edifico que está en la esquina de calles José Manso de Velasco con Juan Antonio Coloma.

Uno de los suspendidos es el fiscal Rodrigo Durán Fuica, casado con Andrea Romero quien, a su vez, es socia de Susana Cortés. Esta última, a su vez, es la esposa de Patricio Gutiérrez, jefe de la Defensoría Penal Pública.

Son precisamente esos vínculos los que dieron pie a los cuestionamientos por la eventual filtración de información clave desde el ente persecutor a estas abogadas que se han especializado en la defensa penal de imputados. Pero no de cualquiera, sino sobre sujetos contra quienes pesan cargos por crimen organizado, como narcotráfico, incluidos asesinatos, asociación ilícita, posesión de armas de fuego, entre otros delitos de alta connotación pública. Varios de ellos son acusados de liderar o pertenecer a bandas delictuales, como la del Gallineta y Los Corbata, que estarían detrás de varios de los crímenes violentos que han conmocionado a la ciudad.

En opinión de especialistas, frente a vínculos familiares tan cercanos, lo ocurrido era, a lo menos, imprudente porque podría prestarse para todo tipo de comentarios y conjeturas que afectarían la credibilidad de la aplicación de justicia. Lo aconsejable habría sido que el fiscal hubiese pedido su traslado a alguna unidad cercana con tal de no coincidir con su esposa en ese tipo de causas.

SECRETO A VOCES

Las relaciones familiares de las abogadas, especialmente la de Andrea Romero con el fiscal Rodrigo Durán, eran un secreto a voces. En Los Ángeles, el mundo de los abogados defensores especialistas en materia penal es acotado. De alguna u otra manera, todos ellos se conocen o, incluso, tienen relaciones de amistad entre sí.

Ambas comenzaron a ejercer a principios de la década pasada. Cortés y Romero, tituladas de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Concepción, respectivamente, se habrían conocido cuando fueron parte de la sociedad que se adjudicó una licitación de defensorías penales.

Después, a fines de la década pasada, ambas optaron por asociarse y crear la sociedad R&C Cortés y Romero. En la revisión de las causas tramitadas solo en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, ambas tienen la representación en más de 400 casos, la gran mayoría de los cuales se concentran desde 2019 en adelante.

Son ellas las que figuran litigando en decenas de casos en favor de sospechosos de pertenecer a bandas criminales de alta peligrosidad. O es una o es otra o son ambas las que se alternan para defender a los imputados en las distintas etapas procesales.

HONORARIOS

De acuerdo a abogados de la plaza, que prefirieron mantener reserva de su identidad, Andrea Romero se observaba como preocupada y estudiosa de los casos, mientras que Susana Cortés se caracteriza por su histrionismo y elocuencia, por tener hablar fluido y convincente.

Aunque no son catalogadas como profesionales de un desempeño mediocre, "tampoco hay que ser una tremenda lumbrera para tomar causas que involucran a delitos de narcotráfico. Hay que saberse bien la ley para tomar esos casos pero no es nada extraordinario", se señala.

En la plaza se sabe que sus honorarios son altos. Solo por presentarse a una audiencia de control de detención y de formalización de cargos, cobran cuatro millones de pesos. Por hacerse cargo del caso completo, los costos se elevan con facilidad sobre los 10 millones de pesos. Se hace presente que ese dinero debe pagarse al contado, al principio del proceso.

Por eso, también llamaba mucho la atención que en causas que estaban recién abiertas, en que los imputados suelen tener el apoyo de un abogado defensor de turno, ellas ya estuvieran asumiendo la representación durante la audiencia.

Es lo que sucedía con las distintas etapas procesales de los casos que tramita, como los de Jesús Pire y Moisés Bastardo quienes, pese a tener la asesoría legal de Cortés y Romero, parece que estarán una larga temporada en prisión.

NO SOLO NARCOS

Las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés no solo figuran como defensoras de sospechosos de pertenecer a bandas de narcotraficantes. Entre otras causas, tienen la representación de querellas que están en plena tramitación, como la que involucra al ex alcalde de Tucapel, José Antonio Fernández.

El ex jefe comunal fue acusado por el municipio, encabezado por Jaime Veloso, del delito de fraude al fisco por la licitación de cambio,