Este miércoles, en las dependencias del 3º Juzgado de Garantía de Santiago, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se enfrenta a la justicia por presuntos delitos asociados al caso Farmacias Populares.
Los delitos que se le imputan son delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa. Entre las posibles penas que exigirá el Ministerio Público son las medidas cautelares de prisión preventiva o arresto domiciliario para el edil.
Recordemos que el pasado viernes, Jadue declaró por segunda vez ante la misma fiscalía en el marco de las investigaciones que se realiza la fiscal Giovanna Herrera.
En caso de que el jefe comunal quede bajo alguna de estas medidas cautelares, cesarán sus labores como alcalde, razón que mantiene en alerta al Partido Comunista, que hoy lo acompaña en el Centro de Justicia.
¿Por qué se le atribuyen estos delitos?
La fiscal Giovanna Herrera investiga al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos ilícitos en las negociaciones entre la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la empresa Best Quality SPA. Además de Jadue, otras siete personas serán formalizadas en relación con el caso.
Según la investigación, Jadue, en su calidad de presidente de Achifarp, habría solicitado a Best Quality SPA un aporte millonario en insumos durante la pandemia de Covid-19 para el Partido Comunista (PC), a cambio de favorecer a la empresa como proveedora de las farmacias populares. Best Quality SPA vendió a Achifarp insumos por más de $961 millones, que no fueron pagados, motivo por el cual se querellaron por estafa.
En el marco de esta querella, César Ramírez, vendedor de la empresa, se autodenunció ante la Fiscalía y reveló un soborno de $20 millones en insumos (alcohol gel y guantes quirúrgicos) entregado a Achifarp para ganar la licitación de insumos contra el Covid-19. Este soborno, según la Fiscalía, se concretó el 1 de julio de 2020, cuando un camión de Best Quality SPA entregó los insumos en la sede comunal del PC en Recoleta.
La Fiscalía acusa que este acto configura el delito de cohecho, además de fraude al Fisco debido a los recursos públicos involucrados. Respecto al delito de administración desleal, los alcaldes miembros de Achifarp señalaron desorden administrativo y falta de transparencia dentro de la entidad.
Vargas añadió que, por la gravedad de los delitos, "existe alta posibilidad de que algunos imputados queden con medidas cautelares intensas, como es la prisión preventiva o arresto domiciliario, a lo cual se agrega la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que viene a ratificar el hecho de la gravedad de los delitos investigados".
