La Corte Suprema de Chile determinó este martes que la investigación por la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, en el denominado Caso Conscriptos de Putre, sea transferida a la justicia civil.
Esta decisión fue tomada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por la ministra Andrea Muñoz, los ministros Manuel Antonio Valderrama y Leopoldo Llanos, y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Juan Carlos Ferrada.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, deberá entregar la investigación al Juzgado de Garantía de Arica. El fallo argumenta que la justicia civil debe llevar el caso, ya que la normativa vigente, de 1944, invierte la jurisdicción militar como la regla general y la civil como la excepción, lo cual no se ajusta al marco actual de derechos humanos y principios constitucionales.
El tribunal consideró que los delitos investigados, apremios ilegítimos y homicidio, no constituyen actos del servicio militar, sino que ocurrieron "con ocasión" de estos, por lo que no justifican la competencia de la justicia militar. Además, subraya que la jurisdicción militar no es adecuada para casos de violaciones a los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, se concluyó que el Juzgado de Garantía de Arica es competente para continuar con la tramitación del caso, a fin de garantizar un juicio justo y efectivo.
