Un análisis sobre las complejidades de presentar relatos de testigos y víctimas de delitos violentos realizaron las autoridades de Biobío, luego de la condena del Tribunal de Juicio Oral de Los Ángeles en contra de Brandon Burgos Saavedra.
El hombre estará encarcelado a 25 años de presidio, luego de ser encontrado culpable los delitos de homicidio consumado y frustrado en un ataque a balazos registrado en febrero de 2022 en la Villa Las Américas, sector sur de la ciudad de la capital provincial.
En un primer juicio realizado a fines del año pasado, Burgos Saavedra fue absuelto debido a un factor que se transformó en un desafío para el Ministerio Público: Las víctimas y testigos desistieron de prestar declaraciones frente a los magistrados en contra del único imputado. ¿La razón? Las represalias y amenazas.
La situación generó que el ente persecutor debiera generar estrategias para establecer la participación del acusado en este hecho de sangre, y abordar las instancias para que quienes estuvieron en el lugar al momento del ataque armado, proporcionaran los pormenores que acreditaban la culpabilidad del condenado.
La situación no es puntual. El aumento del crimen organizado y el poder de las bandas criminales han generado que en diversos casos judiciales, los testigos sean amenazados o extorsionados por integrantes de las agrupaciones delictuales.
TEMOR DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DECLARAR
Al respecto, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, hizo ver que luego de confirmarse la condena por el doble caso de homicidio en Villa Las Américas, están "más que satisfechos. Esto tiene que ver con cómo fiscalía hemos buscado la forma de probar el juicio en estos casos complicados".
La persecutora reconoció que "tenemos razonablemente el miedo de las víctimas y de los testigos en declarar", al que atribuyó al crimen organizado. "Sin embargo, hemos buscado las formas de lograr de otras maneras la convicción de tribunal, y ese fue el desafío del Ministerio Público en esta causa, y en general en causas en donde debemos enfrentarnos a lo que hemos denominado el crimen organizado", añadió.
POTENCIAR LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
En tanto, la delegada presidencial provincial en Biobío, Paulina Purrán, también analizó la condena por lo ocurrido en el crimen de febrero de 2002. "La persona fue condenada por los delitos de homicidio consumado y frustrado, sumando 25 años de presidio. Eso habla del compromiso asumido por el Estado hoy día en demostrar con estas acciones de que la justicia sí funciona, y de que queremos devolverle la tranquilidad a nuestros vecinos".
"Evidentemente una persona acusada por un homicidio debe estar tras las rejas, y en ese ámbito también hacemos hincapié en que queremos devolver la seguridad a la población", añadió.
Al abordar la relevancia de las denuncias frente a este tipo de casos, la representante del Ejecutivo sostuvo que "para nosotros es gratificante saber y sentir que la ciudadanía está sintiendo confianza en poder denunciar, hemos creado canales como Denuncia Seguro, que nos permite resguardar a quienes entreguen información para llevar a cabo una investigación. Ahora tenemos una indagación con un condenado más de 25 años de cárcel, que es lo relevante".
A su juicio, "es un trabajo que no podemos hacer solos, lo tenemos que hacer entre todas y todos, y la ciudadanía hoy cumple un rol importante en la entrega de información para llevar a cabo investigaciones tan relevantes".
