Un violento altercado entre efectivos de Carabineros y un grupo de evangélicos tuvo lugar la tarde del viernes en la Plaza de Armas de Santiago, en la Región Metropolitana.
El conflicto se originó tras una denuncia por ruidos molestos que derivó en un enfrentamiento que dejó dos uniformados heridos y una serie de incidentes que encendieron el debate sobre el uso del espacio público.
Según informaron testigos, el altercado se produjo luego de que una ciudadana se acercara a Carabineros para manifestar su molestia por el alto volumen de la música y las predicaciones del grupo religioso. En respuesta, los efectivos policiales se dirigieron al lugar para solicitar a los asistentes que redujeran el sonido de sus parlantes.
No obstante, los integrantes del grupo evangélico se negaron a acatar la solicitud y, en su lugar, aumentaron el volumen del equipo de sonido, lo que intensificó la tensión.
Cuando los funcionarios intentaron cursar una infracción por la falta, los presentes -aproximadamente 70 personas- reaccionaron de manera hostil, lo que derivó en un enfrentamiento directo.
El momento quedó registrado en diversos videos captados por transeúntes y difundidos en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo Carabineros recurre al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes a su vez intentan resistirse a la intervención policial.
El oficial también informó que, ante la amenaza de una turba enardecida, se vieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la Primera Comisaría de Santiago, temiendo posibles represalias.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la situación, enfatizando la importancia de la convivencia en los espacios comunes.
"He sido categórico en que los espacios son de todos los vecinos, pero para usarlos de manera ordenada y respetuosa. Es importante recordar que toda actividad en bienes nacionales de uso público debe solicitarse", declaró.
El incidente ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre los límites de la libertad religiosa y la regulación del espacio público.
Mientras algunos defienden el derecho de los grupos religiosos a expresarse en plazas y calles, otros exigen un mayor control para evitar molestias a la comunidad y situaciones de violencia como la ocurrida.
Por su parte, la Fiscalía se encuentra revisando los antecedentes para determinar eventuales responsabilidades en los hechos y evaluar posibles acciones legales.