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Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones ha iniciado un exhaustivo proceso investigativo tras el atentado incendiario ocurrido en la Central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, región del Biobío.
El hecho se registró durante la madrugada del domingo recién pasado, cuando un grupo de desconocidos prendió fuego a 45 camiones y cinco maquinas, las cuales quedaron completamente destruidas por las llamas. Además, dos de los cuatro guardias de seguridad que se encontraban en el lugar resultaron lesionados.
Tras el ataque incendiario, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones a fin de realizar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los antisociales.
El siniestro ocurrió en un sector rural de difícil acceso, lo que ha representado un desafío al momento de realizar las labores periciales.
Sin embargo, desde las primeras horas posteriores al hecho, un equipo especializado de la PDI, en conjunto con personal del Laboratorio de Criminalística, se desplegó en el sitio del suceso para realizar el levantamiento de evidencia y análisis técnico.
Asimismo, la máxima autoridad de la policía civil en la región agregó que fue el Ministerio Público quien determinó que fuera la BIPE de Los Ángeles quien liderara la investigación y, de paso, recalcó que todas las diligencias realizadas en terreno forman parte de la carpeta investigativa, la cual se mantiene bajo reserva debido a la gravedad de los hechos.
Respecto a la existencia de registros visuales que pudieran aportar antecedentes relevantes para esclarecer lo ocurrido, Chamorro sostuvo que toda evidencia recopilada -incluidas imágenes de cámaras de seguridad, en caso de haberlas- forma parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
"Todo hallazgo que se realiza en el sitio del suceso forma parte de la carpeta investigativa y no podemos hacer referencia a ese tipo de evidencia. Es información que pertenece exclusivamente al Ministerio Público", aclaró la oficial de la policía civil.
Uno de los factores que ha dificultado el desarrollo de la investigación es la ubicación donde se registraron los hechos.
Esto, porque la central hidroeléctrica Rucalhue se encuentra en un sector rural y apartado, lo que complica el acceso de los equipos periciales, especialmente durante las primeras horas posteriores al ataque.
"El trabajo que se está llevando a cabo en el sector es parte de todas las diligencias que conforman la investigación del Ministerio Público. Los pormenores serán dados a conocer cuando el caso lo amerite", expresó Chamorro.
A pesar de las dificultades logísticas, los equipos policiales han logrado efectuar en terreno diversas diligencias, las cuales hacen alusión al proceso de recolección de pruebas físicas, pericias de suelo, análisis de materiales incendiarios y levantamiento de posibles huellas o rastros que permitan identificar a los responsables.
Consultada sobre las similitudes que este atentado con otros hechos de violencia registrados en la MacrozonaSsur, Chamorro precisó que si bien existen elementos comunes, como el uso del fuego como principal método de ataque, cada caso tiene sus propias particularidades.
"Cualquier hecho que pueda ser calificado como atentado incendiario tiene ciertas características comunes. Lo que cambia son las situaciones, el contexto y cómo se desarrolla la investigación", detalló.
Hasta el momento, no se ha confirmado que este atentado incendiario esté vinculado a alguna agrupación en particular y la investigación continúa en desarrollo, con todas las diligencias enfocadas en reconstruir los hechos y esclarecer la participación de posibles grupos organizados.
De igual forma, a nivel central se encuentran recabando los antecedentes necesarios que permitan interponer una querella por "Ley Antiterrorista", tal como lo anunció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, durante la jornada del domingo.
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