José Pérez dijo que al 11 de marzo sólo deben renunciar las autoridades con poder resolutivo

El diputado del Partido Radical, José Pérez, opinó que sólo las personas designadas en cargos de confianza por la Presidenta Bachelet deben renunciar al 11 de marzo, “los demás, tienen que ver con las nuevas autoridades que es lo que pasa con ellos”, señaló.

Cabe recordar que el subsecretario Mahmud Aleuy envió una circular (Nº74) a los distintos servicios públicos dependientes del Ministerio del Interior, solicitando la renuncia de los funcionarios considerados de confianza de las actuales autoridades de gobierno.

Al respecto, el diputado Pérez manifestó que dentro de esta categoría sólo entrarían intendentes, gobernadores, seremis y jefes de servicios. “Los demás funcionarios deben esperar a que asuma el nuevo gobierno y ellos decidirán quiénes se quedan y quiénes se van”, reiteró.

“Los cargos de confianza son los que tienen poder resolutivo: intendentes, gobernadores, seremis, jefes de servicio, los demás no”, insistió el parlamentario.

PREOCUPACIÓN EN GREMIO

Recordemos que la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) expresó su malestar por la comunicación contenida en la circular Nº74, enviada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y en la cual se instruyó a intendentes, gobernadores y jefes de servicios a entregar sus cargos y a proceder al finiquito del personal de exclusiva confianza de estas autoridades, sean a contrata u honorarios, hasta el 11 de marzo.

En una carta dirigida al subsecretario Aleuy, el gremio manifestó su disconformidad con el instructivo “sobre feriados y permisos, ello en tanto que la ambigüedad de la comunicación ha generado una gran incertidumbre entre trabajadores y trabajadoras del Servicio de Gobierno Interior”, menciona el documento.

En la misiva se cuestiona el término “cercanos a la autoridad”. “Dicho término es ajeno a la nomenclatura administrativa, porque no es posible colegir certeza alguna de este; además, podría ser utilizado por las autoridades entrantes para repetir el proceso vivido en el año 2010, cuando en base a escasos argumentos se puso fin al servicio prestado por profesionales y personal con capacidades técnicas, competencias y con experiencia para las tareas encomendadas”, agrega la carta.