Por una amplia mayoría, la Sala respaldó la resolución que solicita al Gobierno la creación de un fondo de pago de pensiones alimenticias.
La iniciativa argumenta que, hasta 2020, solo el 16% de los deudores de pensiones de alimentos se hace responsables de su deuda.
Además, se señala que el incumplimiento de su pago es un fenómeno que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Junto a esto, afecta masivamente a madres que deben realizar múltiples gestiones para obtener el pago de los alimentos.
Agregan que, del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65% forma parte de la población de menores ingresos. Asimismo, exponen que, de cada 10 deudores, 9 son hombres y 1 es mujer.
El nuevo fondo
Frente a esto, la Sala acordó solicitar al Presidente Gabriel Boric la creación de un fondo estatal a cargo del Ministerio del Desarrollo Social y Familia. El objetivo es garantizar el pago de alimentos establecidos por sentencia judicial o mediación familiar que se encuentren impagos.
Junto con lo anterior, y para obtener el efectivo cumplimiento del deudor, proponen que, una vez realizado el pago con cargo a este fondo, le corresponderá al Estado la persecución de la deuda, bajo la operación de subrogación de los derechos de pago que correspondían al alimentario.
Para aquello, se sugiere reformar la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos para permitir incorporar a los deudores de pensiones de alimentos al registro Dicom o boletín de informaciones comerciales. La idea es que sea una medida coercitiva más para lograr el cumplimiento de estas obligaciones.