La comisión especial investigadora sobre la macrozona norte recibió al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La autoridad de gobierno entregó detalles de la política nacional sobre crimen organizado que se está desarrollando.
La autoridad manifestó que el objetivo general es disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile.
Su ejecución se desarrollará a través de la acción planificada y coordinada de las distintas instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
Entre las interrogantes se consultó sobre el robo de cobre. Si bien se valoró el trabajo para enfrentar este delito, el diputado José Miguel Castro (RN) dijo que los recursos destinados son de carabineros por lo que se debe dar celeridad a la ley de seguridad privada.
Por su parte, el diputado Renzo Trisotti (UDI) lamentó que los temas expuestos ya se han analizado previamente. Planteó que se deben conocer qué materias se desarrollarán a corto plazo para no seguir esperando.
Para la diputada Lorena Fríes (IND), las medidas son robustas. A su juicio, dan cuenta del esfuerzo que se está realizando por parte del Gobierno para enfrentar la situación que afecta.
El presidente de la comisión, Jaime Araya (IND), subrayó la importancia de fortalecer el Ministerio Público en la zona norte. Según expresó, se debe saldar la brecha de fiscales que faltan en la zona.
En cuanto a la línea de fortalecimiento, el diputado Matías Ramírez (PC) recalcó que es fundamental atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. También reforzar la frontera marítima.
Política nacional
En términos específicos, se busca desarticular a las bandas y organizaciones criminales, así como debilitar su poder financiero/económico.
Junto a lo anterior, implementar medidas específicas para controlar tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, contrabando, cibercrimen y delitos asociados a violencias y extorsiones.
Asimismo, se espera fortalecer la coordinación interinstitucional. Para esto, se avanzará en la consolidación de un ecosistema de seguridad pública, que evidencie la unidad de acción del Estado en estas materias.
