Lo que viene tras el respaldo a informe sobre resguardo del orden público

El pleno de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 108 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, el informe de la Comisión Especial Investigadora en materia del resguardo de la seguridad y orden público, y persecución de la delincuencia.

Tal como informó La Tribuna ayer, durante seis meses la comisión reunió antecedentes relacionados a los actos de gobierno con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público interior.

El trabajo se centró en revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la constitución y las leyes entregan al gobierno y particularmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, en lo referido el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.

A lo largo de su labor, la comisión recibió a más de 100 invitados, entre ellos, autoridades, ex autoridades y representantes de diversos gremios. Asimismo, celebró un total de 30 sesiones, incluidas jornadas en las regiones de Arica y Parinacota y Biobío.

EL RESULTADO Y LOS PASOS A SEGUIR

En conversación con radio San Cristóbal, la presidenta de la Comisión Especial Investigadora y diputada por Biobío, Joanna Pérez Olea, expresó su satisfacción luego que sus pares respaldaron los 31 puntos que forman parte de la propuesta. Asimismo, subrayó que ahora estas conclusiones deben ser consideradas por el Ejecutivo, ya que “hay muchas materias que son bastante importantes y que hay que mejorar, trabajar, poner recursos y legislar. Es una oportunidad para el gobierno, de manera de tomar estas acciones, refrendarlas con las que están en el acuerdo de seguridad donde tenemos cuatro mesas, y hacer todo ese trabajo con este respaldo”.

No obstante, fue objetiva en su juicio aseverando que “llevamos casi diez años en que se han dejado de llevar a cabo acciones en inteligencia o coordinación. Hay una separación casi extrema en cuanto a trabajar de manera coordinada; entonces, hace falta mayor coordinación entre las policías, los ministerios, porque todos trabajan de manera aislada. Es una fragmentación del Estado que al final atomiza los esfuerzos, y eso no puede ser”.

En cuanto al análisis local, la congresista destacó que durante el trabajo de la comisión “estuvimos sesionando en Biobío, escuchamos por ejemplo al alcalde de Los Ángeles, a algunas organizaciones de Villa Los Profesores, a juntas de vecinos que pidieron un trabajo comunitario”.

No obstante, Joanna Pérez fue crítica a la hora de evaluar las condiciones en que los municipios y las comunidades intentar abordar los temas de seguridad. “Los municipios tratan de hacer, con todas las deficiencias que tienen, los máximos esfuerzos; pero eso no basta, porque ellos necesitan más recursos, necesitan que Carabineros cuente con más recursos para tener más presencia policial y anticiparse a los hechos”.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo detallado por la Cámara Baja, el informe señala que la comisión centró su análisis en el crimen organizado y la labor de las diferentes instituciones que realizan inteligencia. Además, en particular, también en la situación de seguridad que afecta a las macrozonas Norte y Sur.

Sobre la Macrozona Norte, en el texto se sostiene que la permeabilidad fronteriza facilita el tráfico y la trata de personas, el contrabando de bienes, el tráfico de drogas y delitos violentos.

La comisión estimó que los gobiernos y, en particular, el Ministerio del Interior no han abordado con decisión la crisis migratoria y sus consecuencias en el fenómeno criminal.

En lo referente a la Macrozona Sur, es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales, en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas y el uso de la ley de seguridad del Estado. Esto agrava la situación de indefensión de las personas que habitan dicho territorio, en la vulneración de sus derechos.

Asimismo, tras analizar la institucionalidad pública, se observó una profunda fragmentación del Estado en materia de investigaciones, inteligencia, crimen organizado, orden público y terrorismo. En particular, se afirma que el empeño pareciera estar en los diagnósticos o la creación de mesas de trabajo, que han tenido logros aislados y siguen siendo insuficientes.

Un punto de especial gravedad para la comisión fue que el Servicio Nacional de Aduanas reconociera que solo procesa el tres por ciento de las cargas que ingresan o egresan del país.

Finalmente, el informe consigna que la comisión determinó que, actualmente, existe un problema de colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Congreso Nacional. Esto debido a que el INDH “ha insistido en una suerte de autonomía irrestricta del organismo, omitiendo respuesta a los requerimientos de información” que la instancia fiscalizadora solicitó.

Finalmente, el llamado fue a trabajar con espíritu colaborativo y dejar de lado la ideología para el bien del país.