Piden al Gobierno querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado

El senador por la región del Biobío, Enrique van Rysselberghe, exigió al Gobierno que presente querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado para perseguir a los responsables de los múltiples incendios que han afectado a la zona en los últimos días, los cuales ya se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público regional.

El congresista señaló que “los múltiples incendios que se han producido en la región en los últimos días, algunos iniciados en múltiples focos simultáneos hacen sospechar que su origen es intencional, tesis que está dentro de las hipótesis de investigación que ya inició el Ministerio Público para cada uno de los incendios que han afectado la zona”, información que fue confirmada por las propias autoridades de gobierno al senador en una reunión realizada el sábado.

De la misma forma, el parlamentario expresó que “si estas hipótesis de investigación son ciertas o existen indicios que las confirmen la intencionalidad de los incendios, estos delitos deben ser perseguidos y sancionados con el máximo rigor posible, para lo cual es necesario que el Gobierno presente las respectivas querellas en cada una de estas investigaciones”, recordando que sólo en la región del Biobío, estos incendios implicaron la muerte de 16 personas, en las comunas de Santa Juana, Laja y Nacimiento.

Ante este escenario, es que Van Rysselberghe exigió que “el gobierno presente estas querellas a la brevedad posible contra quienes resulten responsables de estos incendios y las realice bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que de esta forma no sólo se aumentarán las eventuales penas para los responsables, sino que permitirán que el Ministerio Pública pueda tener más herramientas para agilizar las investigaciones y dar con los responsables de estos delitos”.

Finalmente, el senador UDI hizo un llamado a que “el Gobierno ejerza todas las facultades que le confiere la ley, de manera de no solo sancionar a los responsables con las mayores penas posibles, sino que, además dar una señal a las comunidades afectadas de que el Estado está dispuesto a perseguir con todas las herramientas de la ley a quienes dañen o destruyan su patrimonio personal y social y que han significado la pérdida de vidas humanas”.