Solicitan aplicar Ley de Seguridad Interior del Estado contra autores de incendios

El Senador por la región del Biobío, Enrique van Rysselberghe, reiteró su petición para que el gobierno presente querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y poder perseguir a los responsables de los múltiples incendios que han afectado a la zona en los últimos días, los cuales ya se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público regional.

El congresista señaló que “existen fundadas sospechas de que los incendios que se han producido en la región en las últimas semanas son intencionales, hipótesis que ya está siendo utilizada en las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público”, para establecer la veracidad de esta premisa y determinar a los eventuales responsables.

Por lo anterior, el legislador expresó que “una forma de mejorar la investigación del Ministerio Público es por medio de la utilización de la ley de Seguridad Interior del Estado, lo que le permite tener mayores recursos, herramientas y plazos acotados, lo cual implicaría tener resultados concretos en un plazo más breve”.

En consecuencia, el senador UDI reiteró su solicitud “al Gobierno del Presidente Boric, específicamente a la Ministra del Interior Carolina Tohá, a que presente por ley de Seguridad Interior del Estado las querellas contra quienes resulten responsables de estos incendios, ya que de esta forma no sólo se aumentarán las eventuales penas para los responsables, sino que permitirán que el Ministerio Pública acceda a mejores herramientas para dar con los responsables de estos delitos”.

De la misma forma, el Senador Enrique van Rysselberghe recordó que “la ministra del interior es la que tiene la exclusiva facultad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado y el país no puede entender por qué no se está haciendo uso de esta facultad”.

Finalmente, la autoridad de la Cámara Alta recordó que “ante catástrofes de estas magnitudes, es un deber del gobierno ejercer todas las facultades que le confiere la ley para proteger y defender a los ciudadanos, sobre todo cuando hay cientos víctimas que lo perdieron todo y las pérdidas económicas ascienden a miles de millones”, lo cual implicará un proceso de reconstrucción familiar, social y económica durará varios meses.