Sigue su ritmo de análisis de la acusación constitucional en contra del ministro de educación, Marco Antonio Ávila, la comisión especial encargada de tal cometido.
Ayer, la instancia recibió al exdirector de la Junaeb, Cristóbal Acevedo. El personero se refirió a dos licitaciones del organismo que hace referencia el texto acusatorio. Indicó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas adjudicó $3.500 millones de pesos por 30 raciones de alimentos a una empresa.
Lo anterior, abrió el debate en el grupo parlamentario. Ello, en torno a si los antecedentes entregados por Acevedo pueden ser o no juzgados en el contexto de la acusación constitucional. Esto, debido a que la instancia sólo puede abocarse a su mandato.
Por otro lado, la comisión escuchó los planteamientos del asesor jurídico de la Corporación Comunidad y Justicia, Vicente Hargous. El personero detalló los argumentos del libelo acusatorio y aseguró que los hechos mencionados han causado una profunda y legítima preocupación en la sociedad civil, específicamente en los padres.
"En Chile se está intentando implementar un modelo ideológico e indeterminado de educación sexual, que dice ser neutro, pero que no considera las convicciones de cada familia", sostuvo.
Agregó que esto constituye un "incumplimiento grave" del deber del Estado de otorgar especial protección al ejercicio del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Asimismo, que el principal responsable de dicho incumplimiento es el ministro de Educación, ya que "a él le corresponde supervigilar esto".
La comisión ya recibió la contestación por escrito del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por lo que continuará recibiendo audiencias solo hasta el próximo lunes 10 de julio. Ello, ad-portas de lo que será la votación de la procedencia del libelo acusatorio, el próximo martes 11 de julio.
Cabe recordar que la instancia realiza una recomendación a la Sala, respecto a si la acusación es o no admisible. Será finalmente el pleno de la Cámara el que decida qué opción tomará, hecho que se realizaría el próximo miércoles 12 de julio.
En dicha oportunidad, la Sala podrá tener dos etapas de análisis de la acusación constitucional. La primera fase es la denominada "cuestión previa", que se revisa solamente si la Defensa apela a dicha herramienta. Ella apunta a impugnar la procedencia formal del libelo, esto es, si se ajusta a los requisitos exigidos por la Constitución para su presentación. De presentarse y aprobarse, la acusación se entenderá por no presentada.
De rechazarse la cuestión previa o de no ser apelada por la Defensa, se pasará al análisis de fondo. Tras ello, se procederá a la votación de la admisibilidad de la acusación. De rechazarse, el proceso concluye. Si se aprueba la admisibilidad, en cambio, se seleccionará un equipo de tres diputados/as para defenderla ante el Senado, que actuará como jurado.