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Este viernes a la medianoche finalizó el proceso de votación de las iniciativas populares de norma, uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos para el segundo intento de redacción de una nueva Constitución para Chile. Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, de haber conseguido 10.000 apoyos serán discutidas por los integrantes del Consejo Constitucional, entidad que redactará un documento sobre la base de un anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos. En diciembre próximo, será sometido a un plebiscito de salida.
La Secretaría de Participación Ciudadana, el organismo encargado de ejecutar el sistema de participación civil en la redacción de la nueva Carta Magna, recibió miles de ideas, las que debían superar los 10.000 patrocinios para ingresar a la discusión constitucional. La entidad informó a EL PAÍS que el perfil de los creadores de los artículos estaba definido por hombres (70%) y profesionales (74%); y más de la mitad de entre 45 y 55 años y de la Región Metropolitana de Santiago, donde se ubica la capital del país sudamericano.
El sistema de adhesiones ciudadanas fue similar al aplicado en el primer intento constituyente, cuyo proyecto terminó siendo rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Los chilenos debían ingresar con su Clave Única [contraseña de identidad digital proporcionada por el Registro Civil] al sitio oficial del proceso, para elegir hasta 10 propuestas de su interés.
Entre las 31 enmiendas populares que lograron las firmas mínimas, la consiguió el mayor respaldo fue Chile por los Animales, donde se los define como seres dotados de sensibilidad que el Estado debe proteger. También aparecieron Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales, que busca garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir el destino de los fondos de pensiones; Por el derecho preferente de los padres, que defiende el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos; Respeto por las actividades que dan origen a la identidad chilena; Por un Estado sin ‘pitutos’ [enchufismo, nepotismo]; y Por una policía que nos proteja, que propone proteger a las Fuerzas Armadas y a las policías, reforzando el legítimo uso de la fuerza pública.
Los creadores de la idea —entre ellos varias agrupaciones animalistas— pretenden modificar el capítulo de Medioambiente del anteproyecto elaborado por los expertos, incorporando normas que permitan proteger a los animales y considerar que "son seres vivos dotados de sensibilidad".
La iniciativa —que también fue presentada en la disuelta Convención Constitucional— busca resguardar la propiedad de los fondos de pensiones. "El Estado deberá asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador", señala en su descripción. El tema se instaló en medio de las negociaciones de la Administración de izquierda del presidente Gabriel Boric para avanzar en una reforma previsional que tenga elementos de solidaridad.
La propuesta que se debatirá en el Consejo Constitucional está enfocada en la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. El tema fue parte del fallido proceso anterior, donde también se presentaron artículos de este tipo, los que fueron rechazados. Durante décadas Chile ha enfrentado a sectores que están a favor y en contra de la subvención estatal para las escuelas privadas.
Los autores de la propuesta de norma [las organizaciones Pivotes, Horizontal e Idea País] tienen como objetivo avanzar en la modernización del Estado, para evitar los conflictos de interés e irregularidades en la administración pública.
Propuesta presentada por la organización Yo apoyo a Carabineros, que busca proteger la labor de las policías y las Fuerzas Armadas defendiendo el "legítimo uso de la fuerza pública".
La norma —una de las primeras en conseguir la cantidad mínima de votos para ser discutida en el Consejo Constitucional— pretende resguardar elementos identitarios nacionales. En lo concreto, apunta a "las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes".
Según su descripción, el objetivo de la iniciativa popular es que en la nueva Constitución se logre "consagrar el derecho a la vida y proteger especialmente a los niños no nacidos y a las madres de Chile". El tema, que lleva años de debate en Chile, fue abordado en la rechazada propuesta de la Convención Constitucional, que aprobó el derecho al aborto.
Articulado hecho por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), que declara que la gestión del uso del agua en el territorio debe basarse en "principios de justicia ecológica y social, de manera de garantizar un acceso digno a toda la población". De acuerdo a la agrupación, el anteproyecto de los expertos mantiene el "modelo de privatización" de la Carta Magna vigente.
Iniciativa presentada por Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Defiende la idea de que el Estado puede proporcionar "educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile".
El proyecto agrega al artículo 16 de la propuesta de los expertos que "el Estado reconoce el valor y la función social de los cuidados y promueve la corresponsabilidad social desde las familias, las comunidades y el Estado". La idea es que se resguarden los derechos de las personas que, por diversos motivos, deben estar al cuidado de otra.
En su presentación, la iniciativa popular dispone que "el Estado garantizará el derecho a la salud, el cuidado y el buen vivir a través de un Sistema de Salud". La idea se discutió en el proceso constitucional anterior, causando un fuerte debate entre los actores del sistema sanitario chileno.
La iniciativa modifica un artículo sobre el derecho a la vivienda, agregando los conceptos "segura, propia y digna". Tanto la pasada Convención Constitucional como el actual Gobierno han intentado abordar la grave crisis habitacional que afecta al país, que padece de un déficit de casas que ha fomentado la aparición de tomas y asentamientos precarios.
Propuesta similar a Con mi plata no, establece la libre administración del 10% anual de los fondos previsionales de los chilenos, con reconocimiento a la propiedad de los cotizantes.
Una de las propuestas más controversiales del listado que logró más de 10.000 votos. Es impulsada por la Asociación Chilena del Rifle y respalda el "derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa".
Iniciativa enfocada en la identidad local, que menciona a la cueca, el baile tradicional de Chile cuya difusión está prácticamente reservada para las celebraciones de Fiestas Patrias. El artículo también abarca al rodeo, actividad que durante los últimos años ha sido duramente cuestionada por grupos animalistas, que denuncian episodios de maltratos a novillos y caballos.
El artículo defiende la "libertad de elección" de los ciudadanos al momento de acceder a prestaciones de salud. El papel de los privados en la sanidad chilena, a propósito de la crisis financiera que afecta a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), también ha sido evaluado por autoridades y organizaciones sociales.
La iniciativa tiene como misión modificar una parte del anteproyecto elaborado por los expertos, enfatizando la necesidad de asegurar "la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección"
La iniciativa popular de norma se enfoca en el resguardo de "la vivencia de la sexualidad y reproducción de manera libre, autónoma y segura", respaldando una expansión y consolidación de la educación sexual integral. Este tema ha sido parte de las demandas del movimiento estudiantil durante las últimas décadas, ganando un mayor interés luego que se conocieran denuncias de acoso y abusos sexuales al interior de algunas comunidades escolares.
Enmienda patrocinada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización de víctimas de la dictadura militar. Pide que el Estado garantice la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, generando políticas públicas sobre el tema
De acuerdo a su descripción, el articulado tiene como meta que "los mayores de 75 años pueden impetrar el cumplimiento alternativo de pena mediante reclusión domiciliaria total". Su presentación generó suspicacias en organizaciones de derechos humanos, ya que de imponerse beneficiaría a varios condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quienes permanecen recluidos en el penal de Punta Peuco.
Presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la sindical más grande del país, detalla indicaciones al capítulo II del anteproyecto constitucional sobre Derechos y Libertades Fundamentales articulo 16 numero 25, que abarca el derecho al trabajo.
Propuesta que busca establecer la paridad entre hombres y mujeres en su participación en la vida pública. La temática también había sido analizada en el ciclo constitucional anterior, causando discrepancias entre sectores conservadores y progresistas.
El proyecto, presentado por la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa (IRLA Chile), busca que la Constitución consagre "las libertades de conciencia, religiosa, culto, derecho de objeción de conciencia; y la igualdad de las entidades religiosas ante la ley".
Iniciativa popular de norma impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), entidad gremial que reúne a los agricultores chilenos. En su descripción, el artículo propone el "reconocimiento explícito del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas".
En la propuesta se sugiere agregar un artículo que asegure "el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de forma de violencia criminal grave, organizada o terrorista". La idea surge en medio de la grave crisis de seguridad que afecta al país sudamericano.
La enmienda fue desarrollada por la Fundación Nodo XXI, centro de estudios ligado al Frente Amplio, la joven coalición de izquierdas fundada por el presidente Gabriel Boric. En su descripción afirma que "cada peso que va a parar como ganancia a los bolsillos de quienes lucran con los derechos, es un peso menos para pensiones, salud y educación digna".
Propuesta que empuja el reforzamiento del sistema de sala cuna, el que atiende a miles de niños proporcionando su educación preescolar.
La normativa pretende otorgar de mayores herramientas, capacitación y equipos a los voluntarios de Bomberos de Chile, elevando su protección a un estándar constitucional.
Idea presentada por la organización Pacto Niñez, que tiene como objetivo asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes chilenos.
Otra de las propuestas presentadas por la CUT, que en este caso sugiere indicaciones al capítulo II del anteproyecto constitucional sobre Derechos y Libertades Fundamentales articulo 16 numero 26. El articulado incluye temas como el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.
La enmienda patrocinada por la Corporación Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con discapacidad de Chile (CIMUNIDIS) y el Colectivo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) respalda el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad.
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