El Gobierno Regional del Biobío ha estado en el foco de la polémica a raíz de traspasos a algunas fundaciones cuyos fondos no se destinaron a los fines iniciales establecidos, según revelaron recientes investigaciones de medios de comunicación.
El caso más rimbombante ha sido el de la Fundación En Ti representada por la política penquista Camila Polizzi, que recibió de parte del GORE Biobío 250 millones de pesos para que se utilizaran en obras en beneficio para Barrio de Norte de Concepción, pero que se utilizaron en compra de ropa de marca y lencería, esto último también según una investigación de BioBioChile.
Debido a esta situación, cuatro fundaciones están siendo investigadas por parte del Ministerio Público para esclarecer las rendiciones de cuentas de estas corporaciones y para determinar si ha habido un mal uso de recursos públicos.
El revuelo ha sido tal que cabe preguntarse por qué se realizan estas asignaciones o en su defecto, saber cómo es el procedimiento antes de aprobarse estos convenios de parte del GORE a las fundaciones.
Pues bien, de acuerdo a lo indicado por consejeros regionales a diario La Tribuna, la atribución de enviar asignaciones a organizaciones sin fines de lucro corresponde única y exclusivamente el gobernador regional.
Lo anterior, se dio tras un cambio en la ley 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país, que les otorgó más atribuciones a las autoridades regionales, modificación que comenzó a regir desde el 2018.
Así lo explica la consejera regional por la provincia del Biobío, Teresa Stark, quien indicó que desde el cambio en la ley los gobernadores pueden entregar traspasos con un tope máximo, lo que antes pasaba por la aprobación del Consejo.
"Partir de la base que a los gobernadores se les dio por ley la posibilidad de entregar en forma directa, 7 mil UTM a todas las fundaciones, corporaciones u ONG’S que presentaron proyecto al gobierno regional. Es así como parte esto, esto no pasa por la aprobación del Consejo, porque es una facultad directa que tienen los gobernadores", señaló.
El también consejero regional Eduardo Borgoño se refirió a lo mismo, indicando que "en estricto rigor, lo que sucedía antes de estos traspasos, a discreción de los gobernadores regionales, los recursos se entregaban a entidades públicas y hubo un cambio en la ley, y ese cambio de ley indicó ahora que los gobernadores podían entregar recursos discrecionalmente sin pasarlos por el Gobierno Regional, en cantidades que no superaran las 7 mil UF, por lo tanto, desde cierta cantidad de dinero hacia arriba no tiene injerencia el Consejo Regional. Esa es una facultad como consejeros regionales siempre luchamos para que no se perdiera", indicó.
¿SE VUELVE AL MODELO ANTERIOR?
Consultada sobre la posibilidad a volver el modelo anterior, Stark lo consideró como una opción viable, pero que era un tema que los diputados y senadores tendrían que revertir.
"Antes era así (convenios con fundaciones se votaba en el Consejo Regional). Lamentablemente es lo que aprobó el Congreso Nacional por ley facultar a los gobernadores. Si hay voluntades de parte del Congreso Nacional en volver atrás esta situación, tendrían que ser ellos quienes revoquen esta atribución que se les dieron a los gobernadores", expresó.
Borgoño, por su parte, cree que este es un tema ya zanjado, y que lo importante es enfocarse en determinar las personas que están detrás de las organizaciones que recibirán dineros de parte de los gobiernos regionales.
"Yo creo que cuando se comenten errores se tratan de corregir, pero lo que tiene que hacer es que se analice bien la composición de quienes componen el directorio de las fundaciones, que los proyectos que se presenten sean atingentes a la ciudadanía, que las rendiciones sean como corresponden y así vamos a cautelar de una vez por todas la probidad del gobierno regional", cerró Borgoño.
Recordemos que como parte de sus funciones, los 28 consejeros regionales del Biobío recibieron por parte del administrador regional toda información correspondiente a proyectos de fundaciones presentada al GORE, donde en este momento cuatro ONG’s del Biobío están siendo investigadas por la Fiscalía.