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Este lunes, se realizó una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que analiza el traspaso de recursos desde el programa de asentamientos precarios del Minvu a fundaciones. Contratos que, en al menos 9 regiones del país, están siendo investigados a la vez por la Fiscalía por posibles delitos de fraude al fisco o administración desleal.
La Instancia que estuvo marcada por el rechazo al voto de censura en contra de su presidente, José Miguel Castro (RN) y también por la visita del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Durante la presentación del secretario de Estado, éste se refirió a la problemática de los campamentos en Chile y la "debilidad del modelo de convenios de transferencias", en especial a lo que se refiere al monitoreo y fiscalización de la correcta utilización de los dineros.
Sin embargo, Montes reconoció que los hechos de corrupción detectados en el denominado caso Convenios, impacta negativamente en "la misión" del Minvu de "atender la emergencia habitacional de cientos de miles de familias. Montes se comprometió a tomar medidas y "mantener informada a la Comisión Investigadora (...) así como dispuestos a colaborar en la construcción de acuerdos y en la adopción de medidas para superar las debilidades del modelo".
La presentación de Carlos Montes fue en dos partes, donde la segunda fue de manera secreta, a petición del ministro, "ya que es información que no estoy facultado a entregar públicamente".
Una vez que terminó su presentación se le solicitó a asesores y otros presentes abandonar la sala y se interrumpió la transmisión online de la sesión. Solo participaron los diputados, el ministro y parte de su equipo.
La sesión se mantuvo en secreto y duró 40 minutos y al volver a abrirse, el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN) reiteró que lo conversado "va a quedar en secreto". En este contexto, Montes subrayó que desde que estalló el caso convenios, con el traspaso de recursos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, se han tomado una serie de medidas para enfrentar este y otros casos.
En cuanto a la información que aún no puede ser revelada a la opinión pública, Montes aseguró que se relaciona con fundaciones y personas particulares, que por el momento no son parte de las investigaciones del Ministerio Público.
Recordar que, la investigación interna del Minvu identificó siete fundaciones con posibles irregularidades: Democracia Viva, en la Región de Antofagasta, con posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias de la Seremi y Serviu; Arquiduc, en la Región de O’Higgins, con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores; En Red, en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Ñuble, donde se detectó un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores.
Por otra parte, la autoridad explicó que más allá de las deficiencias del modelo de transferencias, la investigación interna arrojó que "las principales irregularidades presentes son el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu para realizar labores de línea de dichos servicios; el posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios; el riesgo de fraccionamiento de los convenios; y finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría General de la República".
A esto, añadió también una serie de faltas administrativas como rendiciones atrasadas, convenios vencidos con actividades pendientes y sin restitución de recursos.
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