En la esfera política continua aumentando la polémica vinculada a la entrega de pensiones de gracia. Si bien en la oposición la postura es clara en relación a quienes reciben el beneficio y cuentan con antecedentes penales, en el oficialismo existe una controversia que incluso enfrenta a las fuerzas del Ejecutivo.
Según fuentes de La Moneda, hay 418 casos de pensiones de gracia para víctimas del estallido social. Serían 148 durante la administración de Sebastián Piñera y 270 en el actual Gobierno.
De acuerdo a datos del Registro Civil, 69 personas cuentan con antecedentes penales. 21 de estos beneficios estatales fueron entregados por el ex-mandatario y 48 por el actual Presidente, Gabriel Boric.
EL PROYECTO QUE INICIÓ LA CONTROVERSIA
Aparte de los cuestionamientos de la derecha, todo se incrementó cuando la Comisión de Desarrollo Social despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que crea normas generales en esta materia.
Se busca que quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito no reciban la pensión. La iniciativa fue despachada sin considerar las indicaciones del Ejecutivo.
Por esto, antes de salir de vacaciones, el Presidente instruyó que se debe presentar una propuesta de cambio de ley que implique que se revisen los antecedentes penales antes de otorgar el beneficio. El mandato en La Moneda es uno: la ayuda se mantendrá en caso de que exista un daño permanente, como en el caso de las lesiones oculares, e independiente de si hay antecedentes penales.
PC Y PPD DEFIENDEN A PENSIONADOS POR VIOLACIONES A DD.HH.
Desde el Partido Comunista, la diputada María Candelaria Acevedo fue quien inició la discusión, reviviendo una discusión entre el Gobierno de Boric. La parlamentaria advirtió que está analizando llevar el proyecto al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el argumento de Acevedo, apelando a un compromiso del Gobierno "hablamos de chilenos y chilenas quienes vieron violados sus DD.HH. por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar".
Desde el Socialismo Democrático, específicamente el Partido por la Democracia (PPD), valoraron la idea de avanzar, sobre todo en el contexto de crisis de seguridad. El diputado Raúl Soto (PPD), llamó a que "todo el oficialismo se cuadre detrás de esa decisión presidencial, esa es la lealtad que se requiere en este caso, y es lo que quiere también la ciudadanía".
RD NO ESTÁ DE ACUERDO CON REVOCACIÓN DE PENSIONES DE GRACIA
Junto con el llamado a diferenciar entre pensiones de gracia y de reparación, desde Revolución Democrática (RD) coincidieron en que se deben establecer requisitos a la hora de entregar el beneficio. Sin embargo, destacan que dichas pensiones fueron entregadas a partir de daños que sufrieron en el estallido social, independiente de los antecedentes.
El diputado Jaime Sáez (RD), dijo que "no estoy de acuerdo con revocar las pensiones que se han entregado a víctimas de violencia estatal", indicando que si dichas personas "tienen situaciones pendientes con la justicia tendrán que resolverlo como corresponde, pero el Estado tiene que hacerse cargo de las situaciones que provoca un producto de graves violaciones a los Derechos Humanos".
EXPERTA EN DERECHOS HUMANOS
Luego del informe de Contraloría, la abogada experta en Derechos Humanos, Karina Fernández, comentó que el documento "no aborda el fondo de la problemática". "No se puede hacer una política de reparación en base a una glosa presupuestaria (...) ha demostrado que no existió una política de reparación adecuada ni integral", añadió.
Fernández reiteró que "no corresponde ningún análisis respecto de los tipos penales, en particular porque no estaba dentro del procedimiento establecido (...) la reparación excluye análisis de las características de las personas".
Desde el punto de vista experto, según ella, "continuar haciendo un análisis de los antecedentes penales ya no solamente es un absurdo, sino que está transformándose en una acción populista".