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Este miércoles último la Corte Suprema protagonizó el origen de una bullada polémica, luego de que se conociera el costo que tendría la renovación de su flota vehicular. Si bien, desde la misma entidad entregaron distintas justificaciones, la compra, aprobada el pasado viernes 02 de febrero, finalmente no se concretará.
La polémica que avanzó durante la semana llevó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a pronunciarse en un punto de prensa acontecido el pasado miércoles. En la instancia manifestó, en forma tajante, que "aquí no hay polémica, esa compra no está visada (...) No es un tema de polémica, ya que la glosa no está objetivamente visada ni activada".
A estas reacciones políticas de consideración se sumaron los dichos del ministro (s) de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien planteó a Tele 13 Radio: "Ellos tienen una habilitación que no necesitan la autorización del Gobierno para gastar dentro del ítem general, que es el que permite la compra de bienes activos no financieros, entre otros, por ejemplo, automóviles, porque son un poder del Estado independiente".
Palabras similares a las sostenidas por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, quien luego de su exposición ante los magistrados declaró que "el poder judicial es autónomo, nosotros esperamos que tomen la mejor decisión durante la jornada".
Luego de dos horas de discusión sostenida durante la mañana de este jueves la Corte Suprema, a través de su secretario Jorge Sáez, hizo pública la decisión de dar marcha atrás a la bullada compra. Eso, no sin antes justificar la fallida adquisición de los lujosos automóviles, avaluados en cerca de 1.300 millones de pesos.
"La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental (...) Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos", señaló Sáez.
Previo antes de concluir el comunicado corroboró lo que parecía, a esas alturas, un secreto a voces: "Se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus ES300H que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión".
Este jueves la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, catalogó el retracto como "buena señal (...) Aquí, el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y la Dipres no determinan que la Corte Suprema compre autos Lexus". A su vez, la autoridad nacional planteó que la decisión previa es responsabilidad del Poder Judicial: "Lo único que se hace es que se aprueban presupuestos generales, cómo se usan esos recursos es una decisión de ellos y ellos mismos lo revirtieron".
Por el momento la renovación de la flota quedará inconclusa hasta nuevo aviso. En el mismo sentido, Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, manifestó a CNN Chile que "la señal que se envía a la ciudadanía es que excede lo lógico utilizar estos recursos fiscales (...) Podrían haberse destinado a algo más austero".
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