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El pasado martes 26 de marzo, tras la sesión del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático, se anunciaron medidas que han generado controversia en Chile.
El Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, liderado por el Ministerio de Minería e integrado por diversas carteras, dio luz verde a una serie de decisiones en torno a la Estrategia Nacional del Litio.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la definición de los salares estratégicos para su explotación, donde se incluyen los salares de Atacama y Maricunga. En estos casos, el Estado participará mayoritariamente a través de Codelco, con la posibilidad de asociarse con SQM, aunque esta iniciativa ha sido rechazada por comunidades originarias y amplios sectores de la sociedad.
Además, se han identificado otros salares para explotación, como Pedernales y el proyecto Salares Altoandinos, a cargo de Enami, donde cada empresa pública liderará la búsqueda de socios. Paralelamente, se ha definido también un listado de 26 salares para explotación privada, para los cuales se realizará un procedimiento público.
Sin embargo, estas decisiones han suscitado una fuerte oposición por parte de más de 90 organizaciones socioambientales. Se argumenta que los ecosistemas de los salares andinos son de alto valor en biodiversidad y esenciales para la agricultura local y las comunidades indígenas, proporcionando agua en zonas vulnerables y sustentando actividades económicas como el turismo y el agropastoreo.
Las críticas apuntan también hacia la supuesta protección del 33% de los salares, señalando que esta medida no aborda adecuadamente la importancia ecosistémica de estos territorios ni considera el valor cultural para los pueblos indígenas. Además, se teme que la explotación de casi la mitad de la superficie de los salares de Chile pueda tener impactos irreversibles en los acuíferos y sistemas de vida locales.
Las organizaciones han expresado su preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en relación con los salares andinos, instando a considerar las opiniones y necesidades de los pueblos originarios y la comunidad en general. "Se hace un llamado a priorizar la preservación de estos ecosistemas para las futuras generaciones y a no profundizar un modelo extractivista que ponga en riesgo los territorios y modos de vida locales", señalaron en una declaración pública.
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