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A raíz del robo de cables que dejó sin electricidad a las comunas de Laja, San Rosendo y Santa Juana, la diputada de la UDI, Flor Weisse, pidió al Ejecutivo ponerle urgencia al proyecto de ley ingresado por su bancada hace ocho meses atrás, que busca tipificar como delito el robo y hurto de cables de alta tensión en el país.
Esto, considerando que el robo obligó en esta oportunidad a suspender las clases en los establecimientos educacionales de dichas comunas, pero que también puede generar consecuencias mortales para las personas que son electrodependientes.
Al respecto, la legisladora recordó que la iniciativa legal propone "aumentar las penas para quienes sean sorprendidos cometiendo dicho delito, como también para quienes se dediquen a reducir los cables y revenderlos".
"Asimismo", continuó, "se establecen millonarias multas contra los funcionarios públicos que también participen en bandas criminales con dichos fines".
"El constante robo de cables de alta tensión, destinados a la transmisión eléctrica en nuestro país, no sólo se ha convertido en un verdadero problema y un dolor de cabeza para las empresas que prestan este servicio, sino que también para los usuarios, que deben sufrir con interrupciones inesperadas", indicó Weisse.
Por ello, la diputada por el Distrito 21 llamó al Gobierno a patrocinar y otorgarle máxima urgencia al proyecto de ley, considerando que -en promedio- se cometen 60 robos al día en el país, lo que por ejemplo en el año 2022 terminó perjudicando a más de dos millones de hogares en el país, los cuales en su mayoría están ubicados en las comunas y sectores más vulnerables y de escasos recursos.
"Estamos hablando de uno de los delitos que más víctimas tiene en nuestro país, pero que muchas veces no recibe la atención que merece. Cuando sólo en el año se producen 60 robos diarios, significa que cada día hay miles de personas que de un minuto a otro se quedan sin electricidad, debiendo esperar varias horas para su reposición", sostuvo la parlamentaria.
Por último, Weisse enfatizó que "este delito afecta a otros servicios básicos, como el sanitario, porque los sistemas de Agua Potable Rural (APR) dependen de electricidad para el funcionamiento de sus bombas, de manera que el problema es mucho mayor cuando el robo se produce en los sectores más rurales del país".
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