Esta semana se ingresó un proyecto de ley que tiene como propósito calificar como infracción gravísima el uso de estacionamientos para personas con discapacidad, de manera que dicha conducta sea sancionada con multa de 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales y suspensión de la licencia de conducir de 5 a 45 días.
A su vez, la iniciativa legal liderada por la diputada y presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Marlene Pérez (Ind.-UDI), exige la habilitación de un número telefónico para recibir denuncias ciudadanas sobre infractores que utilicen estacionamientos asignados a personas con discapacidad. Así mismo, establecer que la señalética de estacionamientos para personas con discapacidad deberá contener una advertencia que indique en forma destacada las multas que arriesgan quienes hagan uso de dichos espacios reservados.
Pérez explicó que:
"La disponibilidad de estos sectores exclusivos", agregó Pérez, "posibilita la integración social y autonomía personal en el desarrollo de actividades cotidianas que requieren el traslado a diferentes puntos de la ciudad como recintos educacionales, establecimientos de salud, lugares de trabajo, centros comerciales, supermercados y otras instituciones proveedoras de servicios esenciales, de modo que el uso no autorizado no sólo impide el normal desplazamiento de quienes por ley pueden utilizarlos, sino que también el derecho a una vida independiente".
Según el Tercer Estudio de la Discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años vive en esta condición, es decir, 2.703.893 personas, de las cuales un 6,2% tiene discapacidad de leve a moderada y un 11,1% discapacidad severa, una gran parte de ellos denuncia que todavía existen ciudadanos que se estacionan en lugares reservados sin derecho a ello, lo que, sumado a los problemas de fiscalización, limita su acceso a las ciudades.
